Sin embargo, al ex congresista y a la coprocesada aún les queda el recurso extraordinario de casación, o incluso la inconstitucionalidad, con lo que si no tiene resolución el próximo 24 de octubre, el caso prescribirá.
El fallo fue dictado en forma unánime por los camaristas Cristóbal Sánchez, Pedro Mayor Martínez y Mirtha González de Caballero, que confirmaron lo resuelto en el juicio oral.
En mayo pasado, los jueces Elio Rubén Ovelar y Juan Carlos Zárate, con la disidencia de Víctor Medina, condenaron por cobro indebido de honorarios y les absolvieron por estafa.
Bogado recibió un año de cárcel y Quintana, un año y medio de encierro. La pena fue suspendida a prueba, según el fallo. Con ello, el ex senador debía pagar la suma de G. 480 millones en un plazo de dos años.
Ayer, a última hora, la Sala Penal de la Corte, por medio de sus ministros Manuel Ramírez Candia y Carolina Llanes, más el camarista Gustavo Santander, rechazó la cuarta recusación al hilo en la causa.
Gabriela Quintana había pedido la separación de Sánchez, Mayor y González, pero esto fue rechazado. Es más, se aplicó una multa al abogado patrocinante.
CONDENA. Después, los camaristas resolvieron las apelaciones de las defensas de los condenados.
Los magistrados de segunda instancia dijeron que, al momento de dictar resolución, no se dio ni la prescripción del delito ni la extinción de la acción penal, como solicitaron las defensas.
Además, señalaron que la resolución del Tribunal de Sentencia se ajustó a las normas constitucionales, donde se probó que hubo cobro indebido de honorarios por parte del ex senador y de Quintana.
Remarcaron que se respetaron las garantías procesales, que el fallo fue correctamente argumentado y que debía ser ratificado en todas sus partes.
Con ello, también se ratificó la absolución para el coprocesado Miguel Pérez, quien incluso les había recusado la semana anterior.
Ahora los dos condenados podrían pedir primero la aclaratoria y luego plantear recurso extraordinario de casación o, eventualmente, una acción de inconstitucionalidad contra los fallos.
La causa prescribe el próximo 24 de octubre, con lo que hay que ver si con todos los recursos posibles, se puede llegar o no a cumplir con este plazo.
En el caso se comprobó en juicio oral que hubo cobro indebido de honorarios porque Gabriela Quintana era funcionaria de la Cámara de Diputados, donde cobraba G. 13.237.400 y a la vez firmó contrato laboral con la Itaipú, con salario de G. 8.339.300.
En total, percibió indebidamente desde el 4 de marzo del 2013 al 11 de octubre de ese año un poco más G. 71 millones más su liquidación de G. 34 millones.
Víctor Bogado, entonces titular de Diputados, según el fallo, facilitó dicho cobro, al solicitar al entonces titular de la Itaipú que la contratara a Quintana en la binacional.