Por Fernando Boccia
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INVITADA A EXPONER EN EL SEMINARIO SOBRE TRATA DE PERSONAS, REALIZADO EN EL MINISTERIO PÚBLICO DÍAS ATRÁS, LA CHILENA DENISE ARAYA, DIRECTORA EJECUTIVA DE LA ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL RAÍCES DE CHILE, DISERTÓ EN EL PAÍS SOBRE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LA REGIÓN, Y EL SEGUIMIENTO NECESARIO A LAS VÍCTIMAS. Raíces trabaja especialmente la problemática de los niños en situaciones de riesgo. En esta entrevista, Araya asegura que los abusadores de menores de edad tienen que llegar a ser condenados sin que las víctimas deban volver a ser vulneradas en los procesos judiciales.
-¿Cuáles son las formas de explotación sexual de menores de edad?
-Bueno, hay cuatro tipos de explotación. La explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Son relaciones sexuales a cambio de dinero; la mal llamada prostitución, porque un niño no se prostituye, sino que es prostituido por un adulto. Aquí no hay opción. El niño no optó. Otro tipo es el del turismo sexual, en el cual los niños son captados por redes del ámbito del sector turístico. Son organizaciones que se encargan de conseguir víctimas a extranjeros en un país. Luego está la pornografía, que tiene a su vez una serie de subcategorías. Por último está la trata de personas con fines de explotación sexual. Para nosotros es la más dura. En la trata, se traslada al niño de un sector a otro. Se le cortan todas sus redes sociales y se lo tiene absolutamente subyugado. De todas las investigaciones que hicimos en la organización Raíces, los niños más dañados son los que han sido víctimas de redes de trata de personas.
-¿A qué se dedica la organización Raíces?
-Somos la organización de la sociedad civil que realizó el plan piloto de reparación del daño al niño víctima de explotación sexual. Tras el plan piloto, que se presentó en el 2009 tras un trabajo de investigación de dos años, hoy en día hay 16 proyectos a nivel regional.
-¿Qué propone ese plan?
-Claramente, que la cosa no está perdida y que hay que hacer algo con estos chicos y chicas. Propone un trabajo ambulatorio. No estamos hablando de un trabajo cerrado. Los niños que han pasado por nuestros centros de acogida han sido abusados en la primera infancia, por alguien cercano a la familia, en más del 80% de los casos. No estamos hablando de un detalle. Han sido abusados sexualmente; han sido maltratados y abandonados. Aquí, lo central es el desamor. Estos chicos y chicas han vivido una vida de profundo desamor.
-¿Cómo es el proceso de reparación?
-Si hablamos de reparación es porque hay que hacer un camino de cambios. Ellos no se sienten víctimas. Dicen: “Me tratan bien, me dan de comer, me cuidan”. Se van disociando. Como si no les importara. Como si fuera que tienen todo resuelto. El proceso de reparación es terapéutico, es de aprendizaje, de desaprender y reaprender una vida distinta. Aprender que ellos son dignos y que tienen derechos. Cuando viene este proceso de reintegración, ellos no lo pueden tolerar. Hay intentos de suicidio o vuelven a la droga, pero rara vez regresan a la explotación nuevamente. Cuando el chico empieza a vivir ese proceso, comienza a darse cuenta por primera vez de que él fue usado, de que fue víctima y de que hay gente que lo manipuló. El proceso de reparación dura al menos tres años y tiene que ser acompañado posteriormente.
-¿Las víctimas pueden volver a ser victimizadas en los procesos judiciales?
-Cuando tenemos un problema como la explotación, hay que atacarlo por todos lados. Para nosotros, el proceso judicial también es parte de la reparación. Sanciona al depredador. Es parte de la reparación del niño saber que la persona que abusó de él está sancionado porque lo dañó. Pero a veces eso tiene un costo es muy alto.
-¿En qué sentido?
-En el sentido que la víctima es entrevistada por el juez, el fiscal, el policía; en fin, por un montón de gente. En Chile hay un proyecto de ley sobre la no revictimización. La idea es poder filmar la primera declaración de la víctima y dejar solo eso como prueba, para no poner a los niños en el estrado.
-¿Hay casos así?
-En Chile hay una experiencia en la que se metió preso a un senador de la República por depredador, un senador muy importante. Fue en el sur del país. Lavanderos (Jorge Lavanderos es un ex senador chileno que fue condenado por abusos sexuales de cuatro menores de edad). En ese caso, un psiquiatra muy importante en mi país, Jorge Barudy, trabajó en conjunto con la Fiscalía y las víctimas. El psiquiatra solicitó al fiscal no poner a las víctimas en el estrado y se ganó igual el juicio. Eso es insólito. Nunca se había hecho. El fiscal se arriesgó. Todo se puede hacer si hay voluntad y una intención de realmente proteger y no solamente aparentar que se está protegiendo.
-¿Cuál es la situación regional de la explotación sexual de niños?
-En esta última década, los estados han tenido que empezar a preocuparse, porque han firmado los convenios internacionales contra todos los tipos de explotación de niños, niñas y adolescentes. Hubo una preocupación de la comunidad internacional y de la sociedad civil, que a su vez presionaron a los gobiernos. Los estados están respondiendo en la medida de lo posible, porque en muchos países la explotación aún no se considera un problema social relevante.
“CASO TACUMBÚ, INSÓLITO”
Con respecto al caso en el que dos adolescentes fueron llevadas a la cárcel de Tacumbú para ser filmadas mientras eran abusadas sexualmente, Araya aseguró que se trata de un caso insólito e impactante.
“Conocí muy bien ese caso. Lo seguí porque en mi país se supo. En Raíces hacemos un seguimiento sobre la situación regional. Fue impactante. Según tengo entendido, hay autoridades involucradas. ¿Cómo es posible que se vulnere a tal punto la entrada al penal? Tiene que haber una autorización interna”, expresó la chilena.
“Además, se produce una explotación directa, que tiene que ver con la pornografía. La pornografía se mira como que no es tan fuerte. Es igual de traumática, y más a veces, que otro tipo de situaciones. Porque la vulneración es doble, triple, cuádruple. La responsabilidad del Estado es total en este caso”, añadió.
En esta causa, la fiscala Teresa Martínez imputó a internos del penal, celadores, al ex jefe de Seguridad de la prisión y al mismo ex director de la cárcel, Julio Acevedo.
Los estados están cada vez más comprometidos, pero hay países en donde la explotación sexual de niños aún no es considerada como un problema social relevante.
Los niños más dañados son los que han sido víctimas de redes de trata de personas con fines de explotación sexual.