La resolución fue dividida. Los jueces Olga Ruiz y Arnaldo Fleitas votaron por la condena, mientras que su colega Víctor Medina por su absolución.
Sin embargo, entendieron que no se probó el delito de producción de documentos públicos de contenido falso.
Los magistrados dijeron que hubo una estafa procesal, con la que se engañó a un juez, tres camaristas y tres ministros de la Corte, incluida la Fiscalía General del Estado, quienes analizaron el caso en el fuero Civil y Comercial.
Ortiz le había ganado en tres instancias a la telefónica Hutchinson Telecomunications Paraguay SA, hoy Claro SA, por daños y perjuicios, cuando en el 2015 cobró con los intereses la suma de G. 1.357.372.141.
No obstante, lo que fue alegado y rechazado en el juicio Civil, ahora, con la condena contradice lo que dijeron el juez, los camaristas y los ministros de la Corte.
Refirieron que Ortiz cometió una estafa procesal en el sentido de que, según el Tribunal de Sentencia, los hechos no pudieron haber pasado como dijo la accionante en el fuero Civil.
Argumentaron que en el fuero Penal existe la libertad probatoria, mientras que en el fuero Civil, las pruebas son más restringidas. Incluso, tildaron de negligente la actuación del abogado de la compañía.
Por su parte, el juez Medina, que votó en disidencia, sostuvo que no existe la estafa procesal, y que había que absolver a la acusada.
Si se confirma la condena en el fuero Penal, no se podrá reabrir la causa Civil, pero la compañía (que decidió no querellar en el caso), podrá pedir reparación del daño en el fuero Penal contra la procesada.
La imputación contra Ortiz se dio en el 2014, tras una denuncia de la empresa telefónica en el fuero Penal, por lo que el Ministerio Público imputó a la mujer por estafa y producción inmediata de documentos de contenido falso.
La causa actual es llevada por los fiscales Nelson Ruiz y Fabián Centurión. Este último explicó que, tras un análisis del caso, se pudo verificar que la mujer presentó documentos irregulares durante el proceso por indemnización de daños y perjuicios.
La acción Civil se inició debido a que la empresa había aplicado una inhibición a la mujer por una supuesta factura impaga de G. 131.000.
La afectada alegó que pagó la cuenta en dos ocasiones, debido a intereses que se acumularon, pero la medida de inhibición aún no se había levantado, por lo que la misma decidió iniciar la demanda, ya que le habría perjudicado en contratos y negocios de su ámbito laboral, en noviembre del 2007.