El tribunal de sentencia que dictó el fallo estuvo integrado por los magistrados Óscar Rodríguez Masi, como presidente, y por Leticia De Gásperi y Julio Granada, como miembros.
Mientras que las investigaciones del caso, en principio, fueron llevadas a cabo por la agente fiscal Mirta Ortiz y durante el juicio estuvo representado por el fiscal Silvio Alegre, quien sostuvo la acusación y comprobó el delito mediante las pruebas presentadas ante el tribunal.
Durante el proceso judicial, el Ministerio Público logró demostrar que los sucesos se registraron en la ciudad de Areguá, cuando la víctima tenía 12 años.
Es decir, que la niña fue sometida sexualmente y de manera sistemática por su propio progenitor desde los 12 años y en adelante, en reiteradas ocasiones, según afirma la acusación presentada por la Fiscalía.
La investigación fiscal también dejó al descubierto que el ahora condenado inclusive amenazó de muerte a su hija, y también que atentaría contra otros integrantes de la familia si contaba lo ocurrido. Esta situación mantuvo en silencio por un tiempo a la menor, quien seguía siendo agredida sexualmente por su padre.
Después de un periodo y a pesar del temor infundido, la víctima decidió comentar a su madre los hechos sufridos de parte de su propio papá.
De esta manera, la madre realizó la denuncia del hecho ante la comisaría y Fiscalía que derivó en el inicio de la causa penal, siendo detenido el denunciado.
