Por Lucho Alvarenga<br/><br/>lucho@uhora.com.py<br/><br/>La vulnerabilidad de los bienes patrimoniales del Estado no deja de ser motivo de preocupación por las consecuencias negativas que esto genera.<br/><br/>ÚH accedió a una denuncia reciente hecha por la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP) respecto a la transferencia de un inmueble, que podría desembocar en grave daño patrimonial para el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), es decir, el Estado.<br/><br/>El caso, que se venía gestando en forma silenciosa, resulta insólito debido a los antecedentes que arrastra el inmueble de 25 mil hectáreas, situado en el Departamento de Boquerón, que pertenece al ente de asuntos indígenas.<br/><br/>Los registros señalan que la propiedad en cuestión fue comprada en 1996 por el INDI, pero con sobrefacturación. Por este hecho fueron condenados el entonces titular del ente indígena, Valentín Gamarra, y otras personas.<br/><br/>La historia sobre el inmueble vuelve a primer plano debido a que el INDI está a punto de ser despojado de esta propiedad, a través de un presunto título falso, según las irregularidades detectadas y denunciadas por la DGRP al Ministerio Público.<br/><br/>DETALLES. Los números de fincas de la propiedad en cuestión y de otra colindante forman parte de la estructura vertebral de este caso.<br/><br/> Hurgando en los antecedentes y en lo que señalan los documentos existentes, todo se remonta a 1983. Fue éste el año en que el político colorado Eugenio Sanabria Cantero adquirió las 25 mil hectáreas del entonces Instituto de Bienestar Rural (IBR), a través de una permuta por otra propiedad en el Departamento de San Pedro.<br/><br/> El inmueble fue inscripto como finca Nº 245, padrón 307, con superficie de 25 mil hectáreas.<br/><br/>Sanabria Cantero vendió tiempo después la propiedad al ciudadano alemán Nicolaus Meiser. Éste falleció y heredó las tierras a su esposa e hijos.<br/><br/>Según la escritura pública de transferencia ante la escribana María Julia Rivarola Caglia, el INDI adquirió el inmueble por un monto de 1.250 millones de guaraníes de los herederos de Meiser, quienes otorgaron poder especial para el efecto al ciudadano Friedrich Heckeler.<br/><br/>Hasta aquí no se registran sobresaltos en el proceso y permanecen intactos los registros y las características del inmueble.<br/><br/>Pero en el 2003 surgen las alteraciones a partir del robo del libro finquero (libro que contiene los datos de las propiedades de la DGRP).<br/><br/>Tras la recuperación y reconstrucción del libro, en base al respaldo de datos de microfilmes de Registros Públicos, el INDI procedió a reinscribir en el 2006 el inmueble de su propiedad con las mismas características de origen.<br/><br/>SORPRESA. A partir del 2003, surgen “nuevos capítulos” de la historia.<br/><br/>La DGRP se percata de elementos de adulteración en torno a la transferencia de una finca 10.104 en la zona donde se encuentra el inmueble del INDI.<br/><br/>Esto surge debido a que existe registrada una propiedad colindante inscripta con el citado número de finca, pero con padrón 285 y superficie de siete mil hectáreas.<br/><br/> El motivo que alertó a Registros Públicos es la aparición de una finca 10.104, pero con folios corregidos y numeraciones que no concuerdan con las existentes en el Departamento de Microfilmes de la DGRP.<br/><br/>En concreto, hace su aparición el título de una finca 10.104, pero con el número de padrón (307) y superficie (25.000 hectáreas) correspondientes a la finca del INDI.<br/><br/>DUEÑOS. La DGRP denunció el hecho de adulteración sobre la finca 10.104 a la Fiscalía.<br/><br/> La fiscal Claudia Penayo abrió una investigación en torno a Julio Bernardino Gómez Durañona, quien aparecía como propietario de la finca con título presuntamente falso, con documentos de transferencia inexistentes en los registros.<br/><br/> Gómez Durañona fue imputado, pero debido a que se comprobó que no estaba en uso de sus facultades, se le dio la suspensión condicional del procedimiento, es decir, no fue procesado. Sin embargo, esta persona se mantiene como eje de maniobras.<br/><br/>Aquí aparece en escena Cipriano Mendoza Barreto, quien exhibe un contrato privado, a través del cual supuestamente compró por 60 millones de guaraníes la finca 10.104 a Gómez Durañona. <br/><br/>El “nuevo propietario” accionó ante un juez Civil de Luque, Juvencio Torres, para que Gómez cumpla el contrato y la obligación de escritura. El abogado del demandado se allanó y el juez ordenó la inscripción.<br/><br/>La DGRP se opuso a la inscripción, impulsada por la escribana Justina Maribel Esteche, quien también fue advertida por presentar documentos irregulares en relación al inmueble.<br/><br/>Los abogados de Mendoza presentaron un amparo para obligar la inscripción, pero fue denegado. La decisión está hoy en la Cámara de Apelaciones. ÚH intentó sin éxito contactar con Mendoza o con sus abogados para que brinden su versión. <br/><br/> COINCIDE CON ADVERTENCIA SOBRE RED DE FALSIFICADORES<br/><br/>El caso de la presunta clonación del título de un inmueble perteneciente al Instituto Paraguayo del Indígena coincide con la denuncia sobre falsificación de documentos hecha el viernes pasado por Lourdes González, titular de la Dirección General de los Registros Públicos.<br/><br/>En este orden, alertó sobre la existencia de gestores que operan en las inmediaciones del Poder Judicial, que están falsificando sellos y firmas para obtener distintas documentaciones.<br/><br/>Pidió que, ante esta situación, la ciudadanía recurra a gestores debidamente identificados o hagan sus trámites con profesionales.<br/><br/>La directora de los Registros Públicos dijo que unas 12 personas se presentaron ante la institución a denunciar que fueron víctimas de gestores.<br/><br/>"Los gestores se acercan a los usuarios y de esta manera son estafados, principalmente para las documentaciones de rúbricas del libro de comercio, pedidos de certificados de interdicciones, de condiciones de dominio y de no poseer inmueble”, indicó.<br/><br/>Se puso a disposición de interesados para impulsar las denuncias.<br/><br/>