La recusación al pleno del Tribunal de Sentencia por parte del ex fiscal general Francisco Javier Díaz Verón, y su esposa María Selva Morínigo logró suspender el juicio oral que debía realizarse ayer en los Tribunales.
Se pide la separación de los jueces Cándida Fleitas, Víctor Alfieri y Alba González, ya que cuestionan la forma en que se dio la integración del Tribunal de Sentencia que los juzgará en la causa.
Ante esto, finalmente, el Tribunal dispuso la suspensión del juzgamiento, y la elevación del informe al Tribunal de Apelación Penal, para que resuelva el pedido de la defensa.
El abogado Mario Elizeche González apuntó que el argumento es “la irregular conformación del Tribunal. Se están utilizando instrumentos normativos diferentes que, por más de que haya preopinado una de las miembros, una de las cosas de esto es una cuestión meramente administrativa”.
“Nosotros consideramos que no es así, porque el juez natural de la causa debe estar previamente establecido por la ley por las reglamentaciones pertinentes. Acá nos encontramos con un tribunal que se ha conformado con dos reglamentaciones distintas, dos acordadas”, explicó Elizeche.
El abogado remarcó que una de las acordadas “establece un pool de jueces para completar los tribunales en caso de que el tribunal original se desintegre”.
El defensor aseguró que solo dos de los miembros del tribunal, el presidente y el miembro suplente, fueron conformados por ese sistema de sorteo con ese pool de jueces establecido por la propia acordada de la Corte.
Añadió que, sin embargo, “los otros dos miembros están con base en una acordada anterior y están otra vez asumiendo, digamos, el lugar de dos juezas que manifestaron en su momento no poder llevar a cabo el juicio oral por la imposibilidad material de sus agendas”.
Según Elizeche, la imposibilidad material no constituye una causal de inhibición. “Entonces nos encontramos con un tribunal especial conformado al solo efecto de llevar adelante este juicio sin tener un respeto a las leyes y a las reglamentaciones normativas que establecen la conformación”.
Alegó que ellos habían recurrido primeramente al Tribunal de Apelación, pero se les dijo que no era la vía. Después, fueron a la Sala Penal de la Corte, con una casación, y también le dijeron que no era la vía, por lo que no tenían otra opción que recusar al tribunal.
Además, cuestionó que la ley que crea los tribunales especializados dice que el hecho punible de enriquecimiento ilícito no es parte del foro especializado. Con ello, entiende que debe ser un Tribunal de Sentencia ordinario para juzgar el caso.
En el caso, según los abogados, estaba pendiente aún una acción de inconstitucionalidad en contra de la resolución del Tribunal de Apelación que confirmó a los jueces para juzgar la causa.
El pasado lunes, se había rechazado un recurso extraordinario de casación planteado por la defensa contra la misma resolución.
En el caso, Díaz Verón está acusado por presunto enriquecimiento ilícito, mientras que su esposa María Selva Morínigo está por supuesto lavado de dinero.
Ambos acusados desde el 2019
Los fiscales Osmar Legal y Natalia Silva, el 13 de agosto de 2019, acusaron al ex fiscal general Francisco Javier Díaz Verón y a su esposa María Selva Morínigo, y hasta ahora no hubo juicio oral. Según explican, el ex titular del Ministerio Público y su esposa no justificaron la suma de G. 10.495.174.320, entre los ingresos y egresos de los años 2008 y 2017. A esto se suma que los bienes del matrimonio fueron ocultados a través de la esposa, que era funcionaria del Fondo Ganadero desde el 2008.