El panorama fue marcado por los dos reveses que sufrió el legislador en la causa durante la pasada semana.
El primero fue la negativa a la última chicana que presentó para seguir trabando el proceso y posponer la audiencia preliminar, donde se debe fijar la fecha para el inicio del juicio oral. La Corte Suprema de Justicia dictaminó el rechazo y con ello, el juez podrá citar al parlamentario.
El segundo, la condena a sus caseros por estafa. Reinaldo Chaparro recibió una pena de 3 años de prisión, mientras que Nery Franco González y Lucio Romero Caballero, 2 años y medio. Fueron sobreseídos por cobro indebido de honorarios, que fue una de las imputaciones.
En el juicio se probó que los tres nunca acudieron a la Cámara Baja a cumplir las funciones para las que fueron contratados, pero seguían cobrando. El juez Carlos Hermosilla dijo que esto solo se pudo dar con el visto bueno de un diputado. Se calculó que causaron un perjuicio al Estado de aproximadamente G. 60 millones.
Inhabilidad. Rivas está procesado por cobro indebido de honorarios y estafa, en el caso conocido como caseros de oro, que se inició con una investigación periodística de Última Hora en 2017.
Si es condenado, deberá perder su investidura, debido a que constituye una inhabilidad para el cargo según la Constitución Nacional.
Pero el legislador cartista ya había visto venir este escenario por lo que anunció a su equipo político y concejales aliados de Ybycuí su inminente renuncia a su banca una vez fijada su audiencia preliminar. Les había advertido que debían resolver qué hacer porque su esposa, la intendenta de la ciudad, María del Carmen Benítez, es su suplente, y estaría abandonando el cargo.
En el juicio se deberá probar que Rivas avalaba las planillas de asistencia de los tres funcionarios, dos de los cuales, Nery Antonio Franco González y Reinaldo Chaparro Penayo, a tres años del caso, siguen siendo funcionarios.
Salvado. Rivas se mueve en el Congreso con total impunidad, sin haber recibido ninguna sanción por el caso. Fue salvado por los diputados colorados y llanistas cuando fue tratada su pérdida de investidura el año pasado. Incluso, logró dilatar su desafuero por mucho tiempo y posponer las audiencias mediante chicanas.
El diputado cartista Derlis Maidana no quiso opinar sobre la situación particular de su colega por ser compañeros de bancada, pero confirmó que una condena por cualquier delito es motivo de destitución, “porque viola el régimen de incompatibilidades e inhabilidades establecidas en la Constitución Nacional”, en el artículo 201.
No obstante, aclaró que debe ser una condena firme y ejecutoriada y recordó que existe la figura de apelación, que de darse, debe superarse.
Cuestionada suplente. El reemplazo de Rivas será la intendenta de Ybycuí y presidenta de Opaci, que también está siendo investigada por la Fiscalía tras ser denunciada por irregularidades en su gestión relacionadas a obras fantasmas.
El caso es llevado por el fiscal Juan Manuel Ledesma, que hasta el momento solo realizó una diligencia, tras allanar la Municipalidad.
Truncaron aumento de penas a corrupción pública
Los colorados cartistas y abdistas, al poco tiempo de darse la operación cicatriz, lograron enviar durante una sesión de la Cámara de Diputados, a la Comisión de Reforma Penal, el proyecto que aumentaba a 15 años los hechos de lesión de confianza y estafa y evitaba la prescripción rápida de estas causas de corrupción pública. Fue la propuesta de la diputada del Partido Patria Querida (PPQ), Rocío Vallejo.
Una de las figuras penales en cuestión es la estafa, por la que fueron condenados los caseros y por la que está acusado el diputado Tomás Rivas.
La modificación que planteaba Vallejo establece las penas altas para los hechos graves, definidos como los cometidos por funcionarios y los que causan daño público, es decir, la situación exacta del legislador.
El proyecto de ley modifica los artículos 187 -Estafa y 192- Lesión de Confianza, del Código Penal, y aumenta hasta 15 años la pena para estos hechos punibles de perjuicio al Estado, que actualmente llegan hasta 10, con facilidad de prescripción de la causa.
El daño al Estado en el caso de los tres caseros calculado por la Fiscalía fue de G. 60 millones, según se comprobó en el juicio.