Forma parte de los tres diputados del Departamento de Paraguarí, junto con Miguel Cuevas y Tomás Rivas, todos procesados por hechos de corrupción. Samaniego también sigue la infalible fórmula para retrasar su caso, colmando de chicanas la investigación.
A fin de año, tras la última recusación que su defensa presentó contra la fiscala Marlene González, logró que finalmente la agente sea apartada de la causa y en su lugar fue designado el fiscal anticorrupción Luis Said.
Samaniego ni siquiera perdió sus fueros, por tanto, no fue imputado y este marzo el caso ya cumple dos años.
La denuncia. Un grupo de concejales del distrito de Quyquyhó, Departamento de Paraguarí, denunció a Samaniego en marzo del 2018 por el hecho punible de lesión de confianza. El parlamentario oficialista fue intendente de la ciudad por dos periodos, desde el 2010 hasta el 2017, y renunció para trabajar por su candidatura a diputado.
Durante su gestión, según la denuncia, vacío los fondos municipales y dejó un faltante de G. 10.000 millones. Esto fue confirmado mediante una auditoría externa realizada bajo la administración de Isidora Benítez, quien era presidenta de la Junta Municipal cuando Samaniego renunció, y asumió luego como intendenta interina.
Pero el Ministerio Público no dio pasos firmes en la investigación. Durante la primera etapa, estuvo alrededor de seis meses sin que se asigne un fiscal. Los concejales entonces comenzaron a presionar y fue así que González tomó la causa. Pero tras las sucesivas recusaciones, que fueron cuatro, finalmente entró en su lugar Said.
La agente había alcanzado a hacer un allanamiento en la Municipalidad de Quyquyhó, pero no encontró “nada”, ni siquiera documentos.
González indicó a ÚH en octubre pasado que por estar pendientes varios informes más la escasez de peritos en la Fiscalía, la causa presentaba poco avance y ni siquiera se podía formular una imputación.
La auditoría, sin embargo, había revelado que las obras declaradas en los informes de gestión de Samaniego no existían, o algunas presentadas como concluidas, estaban a medio hacer, tampoco se encontraron los equipos informáticos que supuestamente se habían adquirido. Se detalla, por ejemplo, un polideportivo que no fue refaccionado, además de caminos que no fueron construidos.
Uno de los hechos más graves señalados por la consultora fue la emisión de cheques por valor de G. 380 millones, librados por la Comuna, a nombre de familiares de Samaniego, como su madre y esposa, también de operadores y hasta de un agente policial.
Miembro del clan. Esteban Samaniego es primo del diputado Arnaldo Samaniego (actualmente líder de la Bancada de Añetete) y de la senadora Lilian Samaniego, uno de los motivos de su fuerza en el Congreso, ya que como legislador no aportó hasta ahora nada en lo que respecta a sus funciones.
Otro aliado suyo es el también abdista Miguel Cuevas.
Pero una de las razones por la que su gestión como intendente está siendo blanqueada es que su esposa, Patricia Corvalán, se desempeña como jefa comunal.
Difamación. Samaniego afronta una causa por difamación y calumnia, encarada por la ciudadana Sara Raquel Prieto Ozuna, quien denunció que fue agredida por el legislador durante un incidente en el estadio Defensores del Chaco, en abril pasado, en un partido de fútbol, donde la mujer prestaba servicios en el área de recepción de hinchas. Por esto, se pidió su desafuero, pero el diputado apeló el pedido e impidió que sea tratado en comisiones.
Cinco diputados son procesados por corrupción, pero cuentan con protección de sus colegas
La ciudadanía había tildado a esta instancia del Congreso como la “Cámara de la vergüenza” por la larga lista de diputados corruptos y salvados por sus pares.
El colorado abdista Miguel Cuevas se encuentra con prisión preventiva en la Agrupación Especializada por los supuestos hechos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y declaración falsa, ocurridos durante su gestión como gobernador.
Su suplente, Vicente González, espera ser llamado luego del retorno del receso parlamentario para ocupar su lugar.
Por su parte, el también oficialista Ulises Quintana, guarda reclusión en la cárcel de Viñas Cué, acusado por supuesto narcotráfico en grado de complicidad, y lavado de dinero.
Ayer su defensa pidió la revisión de medidas para que sea liberado. Su banca está siendo ocupada por la suplente Rocío Abed.
El cartista Tomás Rivas también está procesado y por una serie de chicanas impide su audiencia. Fue acusado por los supuestos hechos de estafa y cobro indebido de honorarios, en el marco de la causa conocida como caseros de oro.
El liberal Carlos Portillo es investigado por el hecho punible de tráfico de influencias, tras la difusión de un audio en el que se lo escucha hablar de un pago de USD 3.000 para lograr una resolución judicial.
