Por Patricia Vargas
El gerente de créditos del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), el ex diputado de Patria Querida, Carlos Soler, admitió que la compra de 5.700 hectáreas de tierra ubicadas en Cordillera, de la empresa San Agustín, fue “un negociado”.
Las declaraciones del alto funcionario se dieron un día después de que el ente agrario aceptara la donación o renuncia de cobro por parte de la firma de G. 14.000 millones que el Estado aún debía por la finca.
Esta compra se había concretado días previos al pacto político entre el PLRA, entonces partido de gobierno, y el Unace, para las elecciones generales del 2013.
El monto final por el cual se acordó la venta de dicho inmueble, en marzo del 2013, fue de G. 60.294.298.050. El Indert entregó el 80% que alcanzó G. 46.884.846.163.
El 20% restante al que renunció San Agustín suman G. 14.000 millones incluyendo impuestos.
“Espero que (a los acusados por la Fiscalía en el caso que investiga la supuesta compra fraudulenta) se los condenen y que se haga justicia. Eso lo hará el juez de la causa si cree que es lo correcto porque nosotros ya no tenemos incidencia en eso”, sostuvo Soler.
Respecto a la donación, que fue aceptada por el Indert, Soler indicó que fue lo correcto, ya que eso no interviene en el proceso judicial y no existe salida de dinero del Estado. “De hecho, el Indert no tenía intención de pagar”, añadió.
Solución. Expresó que tras la adquisición de las tierras de San Agustín, al Indert “lo único que le queda por hacer” es un censo y empezar a trabajar sobre las posibilidades de quienes tienen recursos para vender a precio de mercado parte de las tierras que no sirven para la agricultura.
“No queda otra. Acá hay que ser pragmáticos”, acotó.
Soler aseguró que las características de las 5.700 hectáreas son muy variadas, ya que no toda la propiedad sirve para olería ni toda la propiedad es para la agricultura.
“Hay tierras que sirven para la agricultura, pero no todas. Otras zonas sirven para olerías. También hay sitios en donde hay casas quintas. La institución debe hacer un relevamiento de datos para saber cómo sacar provecho de esto”, enfatizó. Recordó que ya se pagó por la finca por lo que es un hecho consumado y “perfeccionado”.
“La responsabilidad es lo que se va a castigar porque no veo probabilidades de que se devuelva el dinero”, enfatizó.