La consulta, organizada por la agrupación Corriente Villera Independiente (CVI), se celebrará durante tres fines de semana consecutivos en todos los asentamientos precarios de la capital argentina, conocidos como villas.
“Vamos a unificar los pedidos de todos los barrios y exigir a las juntas vecinales, a los delegados y después al Gobierno que se sienten a discutir y atiendan nuestras demandas”, declaró a Efe Coco Rivero, miembro de la CVI.
Acceso a agua potable y mejoras en el suministro eléctrico, la red de cloacas y la recolección de residuos son algunas de las peticiones más escuchadas en las villas, pero Rivero subrayó que cada barrio “tiene sus pecularidades”, como la céntrica Villa 31, que cuenta con una ley de urbanización de la que no goza ningún otro asentamiento.
La agrupación reclama que el proceso de urbanización de las villas implique que los vecinos “se queden en los barrios donde ya viven” y que obtengan la “propiedad de las tierras que habitan y se construyan viviendas dignas con materiales resistentes”.
La CVI estima en que alrededor de 10.000 personas se acercarán a las mesas habilitadas en las villas para participar en el proceso.
Según datos del censo de 2010, más de 160.000 personas viven hacinadas en villas en la capital argentina, que ocupan un total de 259,9 hectáreas.
Entre las tres villas más numerosas, la 21-24 del barrio porteño de Barracas, la 31 en Retiro y la 1-11-14 en el Bajo Flores suman 80.000 personas.