De esta forma, el Gobierno cumple con la ley promulgada en junio del 2023 por Mario Abdo, justo antes de dejar la presidencia. La normativa desafecta las tierras a favor de sus pobladores.
La decisión política fue tomada tras una larga lucha campesina y el antecedente del 15 de junio de 2012, cuando 11 campesinos y 6 policías murieron en un enfrentamiento, tras un allanamiento, conocido como la Masacre de Curuguaty, que además fue motivo de un juicio político que terminó con la destitución de Fernando Lugo.
Una vez terminada la transferencia del Mades al Indert, las tierras, de un total de 1.748 hectáreas, se deben inscribir en el Poder Judicial para luego hacer la entrega a los pobladores asentados en la zona.
El ministro del Ambiente, Rolando De Barros Barreto, aseguró que este proceso pudo comenzar mediante el trabajo de este gobierno, ya que el anterior no pudo por “falta de coordinación”.
“A diferencia del gobierno anterior, donde la falta de coordinación impidió concretar este tipo de acciones, bajo la gestión del presidente Peña hemos trabajado de manera conjunta para avanzar en estos trámites, cumpliendo con nuestra responsabilidad social”, expresó el ministro.
Las tierras de Marina Cué estaban en poder del Mades por ser consideradas en principio como área silvestre protegida. En compensación, el Indert le entrega un inmueble ubicado en Karapa’i, Amambay, conocido como el Parque Nacional Pájaro Campana.
Igualmente, queda mucho por hacer, ya que el Estado debe garantizar, luego terminar la transferencia, los servicios básicos para que la comunidad tenga una vida digna, como salud, educación, agua potable y energía eléctrica para las familias.
En el acto, además de De Barros, tuvieron participación el titular del Indert, Francisco Ruiz Díaz, y la escribana mayor, Ana María Zubizarreta. Estuvo coordinado por el ministro del Interior, Enrique Riera. Trabajaron funcionarios del Registro Público, la Dirección de Catastro y Mades.
En la normativa se indica que serán beneficiadas unas 100 familias y que con esto se pone fin a un conflicto social de larga data.
En la propuesta se estipuló que se deberá respetar “el arraigo” de cada una de las familias asentadas en las parcelas, a los efectos de su transferencia a sus actuales ocupantes.
En la actualidad, es una comunidad rural conformada por unas 150 familias, que son representadas por la Asociación de Familias de Víctimas de la Masacre de Curuguaty.
En el 2021, Mario Abdo había vetado totalmente un proyecto similar porque se contraponía a la Ley de Deforestación Cero. En aquel entonces, había anunciado que presentaría otro proyecto para buscar desafectar las tierras.
Marina Cué es tierra fiscal desde 1967. Ese año le fueron donadas 2.000 hectáreas al Estado por la Industrial Paraguaya SA (Lipsa). Posteriormente, pasó a manos de la Armada Paraguaya. Como la Marina abandonó la propiedad, el Estado decidió destinar 1.748 hectáreas de esta para la reforma agraria en 2004. Más tarde, en 2005, la empresa Campos Morombí SACA se adueñó de la tierra pública mediante una demanda de usucapión.
