La mayoría de los legisladores del Partido Colorado que participarán hoy de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados se enfrentan ante una gran disyuntiva, al tener que demostrar si verdaderamente les importa la salud del pueblo –incluyendo la de miles de sus propios correligionarios–, permitiendo destinar los fondos sociales de las binacionales Itaipú y Yacyretá a Salud Pública, mientras dure la emergencia sanitaria por el Covid-19, o si se negarán de nuevo al proyecto de ley que ya ha sido aprobado por Senadores, buscando de ese modo conservar el uso de ese dinero como botín de sus campañas electorales, dándoles la espalda a quienes hoy sufren o mueren en los pasillos de los hospitales colapsados, esperando una cama de terapia intensiva.
Como se recordará, en una sesión de la semana anterior los diputados colorados rechazaron un proyecto presentado por la oposición, que buscaba destinar USD 150 millones de los fondos socioambientales de Itaipú y Yacyretá para financiar al sistema de Salud y permitir la compra a gran escala de insumos y medicamentos, evitando que el paciente tenga que cubrir los gastos de su bolsillo.
En esa oportunidad, la votación fue de 35 por el rechazo y 34 a favor, con 11 ausencias. Los colorados argumentaron que sería inconstitucional la aprobación del proyecto y que esto no se puede hacer a través de una ley interna de los países partes de los tratados de las binacionales, lo cual, según expertos jurídicos, resulta falso.
Como venimos explicando en esta sección editorial, los recursos que se inviertan en el país deben ser controlados, y si se invierten en bienes o servicios públicos además deben incorporarse al Presupuesto. En este sentido, la donación de fondos en efectivo de un organismo internacional al Estado se incorpora al Presupuesto. No solo no hay nada en contra, sino que existen normas que obligan a ello. Lo que no está en discusión son la transparencia y la auditoría social. Las entidades binacionales deben proveer la información sobre los recursos de que disponen y su origen y las entidades que los reciben deben proveer información sobre el destino de los mismos, de manera que la ciudadanía pueda llevar el control del dinero invertido.
Contrariando a la decisión de la mayoría de los diputados, el jueves pasado la Cámara de Senadores aprobó en sesión extraordinaria un nuevo proyecto, presentado por el liberal Blas Llano, que destina los recursos en concepto de responsabilidad socioambiental correspondientes al lado paraguayo de las binacionales a la compra de insumos médicos, materiales de bioseguridad e infraestructura hospitalaria, mientras dure la emergencia sanitaria por Covid-19. La medida fue un duro golpe para los diputados.
Ahora, la Cámara Baja debe volver a tratar el proyecto que ya tiene media sanción. En esta ocasión la presión ciudadana es mucho mayor y todos los ojos están puestos en la postura que tomarán esta vez los representantes de la Asociación Nacional Republicana (ANR). La decisión que tomen en la sesión de la fecha, los dejará –más que nunca– marcados ante la historia.
