Ildefonso Santander, intendente de San Cristóbal, Crescencio Pavón y Silvio Leguizamón visitaron la Redacción de ÚH acompañados del abogado Jorge Zacarías, en representación de los colonos de María Auxiliadora.
EL CASO. En el año 1985, el directorio del entonces Instituto de Bienestar Rural (IBR) gestionó la compra de 6.000 hectáreas de la Finca Nº 5400 de la compañía Jesús y Trinidad, hoy Tavaí y San Cristóbal, Alto Paraná, pertenecientes a Agropeco SA.
El IBR pagó en su totalidad por una fracción de 2.000 hectáreas que posteriormente le fueron transferidas. Pero no ocurrió lo mismo con las 4.000 hectáreas restantes por las que el ente pagó apenas el 30% del costo total.
A pesar de esta situación, se expidieron títulos sobre las tierras durante toda la década de los 80, 90 y los años 2000, aproximadamente hasta el 2006.
Según el Indert, tras el pago del 30% del costo total, la propiedad debía ser transferida por la firma. Finalmente Agropeco devolvió el dinero al valor nominal del año 1985, unos G. 40.000.000 que el IBR había pagado.
Hoy, la medida cautelar de no innovar fue concedida a favor de la firma Cardenales SA. Esta empresa, que según los colonos es “fantasma”, aparece en los documentos a nombre de Carlo Sama, un potentado empresario italiano, que curiosamente también es dueño de la firma Agropeco.