Esta conmemoración aprobada oficialmente fue propuesta por la periodista colombiana Janeth Bedoya, que el 25 de mayo de 2000 fue secuestrada y violada por sus captores paramilitares del bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), a los que investigaba para un reportaje para el periódico El Espectador.
Su caso, que fue declarado de lesa humanidad, impulsó la campaña “No es hora de callar”, con la que Bedoya contó públicamente por primera vez su tragedia en el 2009.
Ahora, se transforma en una medida que busca fomentar el “compromiso” de batallar y visibilizar este flagelo que, según la periodista, queda en la impunidad en el 90 % de los casos.
Según el Gobierno, casi la mitad de los más de 6,5 millones de víctimas totales en el conflicto armado son mujeres, y, de ellas, contabiliza 2.474 casos de violaciones entre 1985 y 2014, la mitad de ellas cometidas por el Ejército y la Policía.
Sin embargo, la Casa de la Mujer asegura que solo entre 2001 y 2009 se produjeron cada año una media de 54.410 agresiones sexuales, que no fueron denunciadas en un 82 % de los casos.
“El principal objetivo es que las mujeres eliminen su miedo y empiecen a denunciar”, confesó Bedoya a Efe en el acto de presentación en Bogotá, donde explicó que solicitó esta petición como un “acto simbólico” para comenzar un “camino de perdón” en el que la opinión pública “ponga sus ojos” sobre la violencia sexual.
Asimismo, consideró que “es una necesidad para buscar justicia”, no sólo por su caso sino “por los miles de personas que están en peligro”, afirmó.
“La celebración del 25 de mayo es un gran triunfo para todas las mujeres colombianas, es un día para reivindicar no sólo a las personas víctimas del conflicto armado sino todo tipo de violencia”, añadió.
Bedoya hizo un llamado al Gobierno para que condene firmemente los delitos cometidos por los paramilitares que están a punto de salir de la cárcel “sin haber reconocido un sólo acto de violencia sexual”, manifestó.
Y es que se acerca la fecha de salida de desmovilizados de las AUC, organización desmovilizada en 2006, que se acogieron a la Ley de Justicia y Paz, diseñada por el entonces presidente Álvaro Uribe, que establece una pena máxima de ocho años de prisión con independencia de los delitos cometidos.
Ante el peligro denunciado por numerosas organizaciones de derechos humanos, autoridades del Gobierno colombiano acordaron este martes la creación de un plan especial de prevención ante la llegada de los expresidiarios que aplicará en zonas de elevado riesgo de Colombia.
“Estos antiguos paramilitares van a regresar a asesinarnos”, aseguró Bedoya.
También estuvo presente la directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Paula Gaviria, quien afirmó que el objetivo del Gobierno “es reparar a todas las mujeres que están en el registro y ayudar al resto para que denuncie”.
