Este fallo desfavorable para Colombia ha suscitado indignación en al país, sobre todo entre los cerca de 75.000 habitantes del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, quienes tiene previsto hacer mañana, en el primer aniversario, una manifestación contra las “injusticias” derivadas del dictamen.
El tribunal de La Haya concedió a Nicaragua los derechos económicos sobre una extensión de 75.000 a 90.000 kilómetros cuadrados de mar Caribe, mientras que ratificó la soberanía colombiana de siete cayos que rodean el archipiélago de San Andrés, dos de los cuales quedaron enclavados en las nuevas aguas del país centroamericano.
El Gobierno ha consultado con hasta seis despachos de abogados colombianos e internacionales, se retiró del Pacto de Bogotá (1948) que reconoce la jurisdicción de la CIJ y ha sometido la resolución a la revisión de la Corte Constitucional, que tendrá que determinar si esta modificación de límites se ajusta a la Carta Magna.
En este caso, los derechos económicos atribuidos a Nicaragua están asociados a los recursos de pesca y petróleo, que son las principales riquezas que tienen estas aguas caribeñas en disputa.
Tras numerosos estudios, el presidente Santos anunció la estrategia colombiana el pasado 9 de septiembre y afirmó que el fallo “no es aplicable y no será aplicable” hasta que no se celebre un tratado que respete los derechos de los colombianos y que debe concordar con el texto de la Constitución.
Esa estrategia también decreta una Zona Contigua Integral entre el archipiélago y la costa continental colombiana para definir su zona de jurisdicción, busca proteger la Reserva de la Biosfera Seaflower, parte de ella ubicada en las aguas en disputa, y lidera una campaña internacional para frenar los “ánimos expansionistas” de Nicaragua en el Caribe.
El académico de la Universidad del Rosario Ricardo Abello afirmó en declaraciones a Efe que “desmontar el ideario de que el fallo robó territorios a Colombia ha sido muy difícil, porque la gente no ha podido entender que lo que consideraban como propio no era tal”.
El fallo también ha creado problemas entre Santos y otros expresidentes como Andrés Pastrana (1998-2002) y Álvaro Uribe (2002-2010), pues el actual Gobierno declaró haber “heredado” de ellos el manejo del proceso que llevaba más de una década ante la CIJ y que derivó en el fallo que favoreció a Nicaragua.
Antes de que se cumpliera el aniversario, el país centroamericano presentó el pasado 16 de septiembre una nueva demanda contra Colombia ante el tribunal de La Haya para que declare el “rumbo exacto” de la frontera marítima entre ambos países en el Caribe, lo que Santos ha rechazado.
De prosperar esta demanda, en un lapso que los analistas calculan en cerca de una década, Colombia ya habrá salido del Pacto de Bogotá y la CIJ ya no tendrá jurisdicción para solucionar este asunto.
De todas formas, Colombia ya ha buscado blindar ese punto con el decreto que define su plataforma continental extendida y además ha enviado mensajes a la población en los que ratifica su soberanía sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como sobre sus aguas.
Incluso, Santos llegó a pronunciar un discurso a bordo de la fragata ARC Almirante Padilla para rechazar la segunda demanda.
Por otro lado, el Gobierno colombiano ha comenzado ya a cumplir los primeros compromisos que contrajo con la población isleña, a la que prometió inversiones de 285.000 millones de pesos (unos 148,4 millones de dólares).
Los pescadores tradicionales han recibido lanchas, apoyo para proyectos productivos y ayudas económicas para paliar las consecuencias del fallo, y también han sido socorridas algunas empresas de pesca industrial que tenían capacidad para llegar a las aguas que ahora pertenecen a Nicaragua y que han visto restringido su radio de operación.
