“Hay una sensación de impunidad, una sensación de falta de justicia frente a un evento que fue particularmente grave en términos de derechos humanos y con consecuencias, además, políticamente relevantes para el país”, apuntó Ayala.
Recordó que de los campesinos muertos hay al menos siete casos con evidencias de ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, sobre esto no se avanzó. “A ocho años la lectura que uno puede seguir sosteniendo en general es que nuestra justicia no está definitivamente a la altura para darnos una verdad judicial sobre eventos tan trágicos como el de Curuguaty”, cuestionó el titular de la Codehupy, añadiendo que la sociedad tiene derecho a saber qué es lo que ocurrió en ese evento tan significativo y trágico.