En uno de los informes alternativos arrimados al Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) afirma que desde el Ministerio Público se atenta contra la independencia de jueces, y cita como ejemplo que luego de que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pronunciara un fallo absolutorio en el caso de los campesinos de Curuguaty, los jueces de cámara, “fueron objeto de una insólita acusación” por parte de la fiscala general, disconforme con la resolución.
“Los jueces siguen procesados”, resalta el escrito que ya obra en el grupo de 18 expertos independientes del Comité de DDHH, con quienes el martes y miércoles una delegación del Estado paraguayo dialogará sobre una serie de cuestiones vinculadas a las acciones encaradas por las instituciones públicas, para el cumplimiento pleno de los derechos humanos.
Codehupy, así como el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, enviaron sus informes alternativos al del Estado, sobre una lista de cuestiones sobre las que el comité requiere detalles previos al 4º informe nacional en materia de derechos humanos que tocará al Paraguay esta semana, en la sede de la ONU, en Ginebra.
Uno de los puntos sobre el que se deberá rendir cuenta es el derecho a un juicio imparcial, lo que implica responder si existen mecanismos para garantizar la independencia y competencia de la judicatura, la inamovilidad de los jueves, y las medidas adoptadas “para erradicar la injerencia de los otros poderes estatales en el Poder Judicial”.
En este marco, Codehupy resalta que la “intromisión y amenaza” del Ministerio Público no es aislada.
“Ya había ocurrido lo mismo en otros casos durante los últimos años, como en el caso de los 14 campesinos acusados por el Ministerio Público en relación al secuestro del señor Luis Lindstrom, o el de los 6 campesinos condenados en el caso Cecilia Cubas, donde los jueces de garantía intervinientes también fueron objeto de represalias por no hacer lugar a pretensiones ilegítimas del Ministerio Público”.
Codehupy relata en su informe que a finales de 2017 y principios de 2018 se dieron a conocer cientos de audios que comprometían gravemente al entonces titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Óscar González Daher, y al secretario de la entidad, Raúl Fernández Lippmann. Estos materiales desnudaron “el modus operandi de la dirigencia política en el sistema de justicia, que sin ningún pudor procuraban decisiones jurisdiccionales a medida, favoreciendo todo tipo de componendas, en clara muestra de la corrupción que se apoderó del sistema de justicia”.
Otro de los puntos que formará parte del examen se refiere a la situación de las cárceles en el país. Este dato se dará justo en plena crisis penitenciaria en el país que derivó semanas atrás en un motín sangriento en la cárcel de San Pedro.
El examen de un informe nacional se produce en un diálogo público con una delegación del Estado Parte, cuya presentación incluye su respuesta a una “lista de cuestiones”.
Tras plantear diversas preguntas a la delegación, el comité redacta unas observaciones finales entre las que se resaltan los aspectos positivos y negativos de la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por el Estado Parte, así como los principales motivos de preocupación y recomendaciones.
