Los honorables diputados de la Nación nos han dado una nueva sorpresa. Apenas cuatro meses han transcurrido desde el día que asumió el nuevo Parlamento Nacional, y ya se puede notar la manera en que reproducen los mismos vicios
Si bien es cierto que desde el año 2010 comenzaron a instalar oficinas parlamentarias en las cabeceras departamentales, por expreso pedido de los distintos diputados, los nuevos congresistas no perdieron el tiempo y también se unieron al festín de nombramientos. Desde estas oficinas no se trabaja por el bienestar de los paraguayos y las paraguayas, sino que se ubica principalmente a operadores políticos, lo que equivale a decir que se beneficia a un ínfimo y privilegiado sector de la ciudadanía.
Última Hora obtuvo datos a través del acceso a la información pública, y así pudo constatar que existen 102 funcionarios distribuidos en los distintos departamentos. Y es lo que sucede cada vez que se inicia un nuevo periodo parlamentario, se suman nuevos funcionarios.
A la cabeza se encuentra el diputado liberal Andrés Rojas Feris, del Departamento de Concepción, quien cuenta con 14 funcionarios en la sucursal departamental. La mayoría de ellos en forma permanente. Le sigue el diputado colorado Luis Urbieta, quien consiguió la designación de nueve personas, para su oficina parlamentaria, y junto a ellos, Emilio Pavón, del PLRA, quien designó a una persona. Estos tres legisladores de Concepción se encuentran en su primer periodo como legisladores.
Otros diputados con gran número de funcionarios son Miguel Del Puerto, de Caaguazú, y Fernando Ortellado, de Guairá, ambos colorados y con nueve funcionarios a su cargo. La vergonzosa lista prosigue con Pedro Alliana, de Ñeembucú, con ocho, y Cristina Villalba, con siete, ambos son colorados. Estas sucursales parlamentarias son habilitadas por la presidencia de la Cámara de Diputados; y las designaciones se realizan a través de resoluciones.
El gasto salarial del Estado es una de las críticas más reiteradas, pero pese a los cuestionamientos no se ve intención de reducir este índice, así como tampoco la intención de mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.
El gasto que realizará el Estado en el 2019 para pagar salarios tendrá un crecimiento de USD 65 millones. El 74% de estos gastos corresponden a la Administración Central del Estado: poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y la Comisión Nacional de Prevención contra la Tortura, que concentran un porcentaje que equivale a G. 9,5 billones.
Las autoridades electas deben dejar de desangrar el Presupuesto con gastos innecesarios o nombramientos de sus operadores políticos. Los impuestos de la ciudadanía no deben ser utilizados para financiar las campañas de los políticos. Estos gastos son injustificables.