Se planteó la agudización de la crisis en sus diversos ámbitos, como el acceso a la salud, donde se habló del colapso del sistema sanitario, la falta de vacunas, medicamentos, equipos médicos, infraestructura y terapia intensiva en el marco de la pandemia del Covid-19, y discriminación hacia los pueblos indígenas y población migrante y refugiada.
También fue expuesta la situación de aumento de la violencia en sus diferentes manifestaciones, principalmente contra mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como también hacia personas con discapacidad y adultas mayores.
“La corrupción e ineficiencia gubernamental en cuanto a la utilización de recursos públicos para hacer frente a las necesidades acuciantes de los grupos de población más vulnerables, y las amenazas a la libertad de expresión y de manifestación por parte del Estado paraguayo”, señalan.
Se subrayó el “rebrote autoritario” expresado en persecución a manifestantes, prohibición de manifestación en determinados lugares, represión y persecución judicial a referentes estudiantiles y otros.
“Estamos a las puertas de un genocidio, debido a las omisiones y falencias del actual Gobierno Nacional”, manifestó Aníbal Cabrera Echeverría, director ejecutivo de la Coordinadora por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (CDIA).
