El caso Arrom-Martí provocó un revuelo desde que el procurador Sergio Coscia, en una reunión urgente en la Cancillería Nacional, comunicó que era inminente una condena contra el Estado paraguayo por parte de la Corte IDH, que obligaría a pagar una indemnización a los demandantes, supuestas víctimas, de 63 millones de dólares.
Coscia llegó a decir inclusive que, por los antecedentes, todo apuntaba a que existe una “postura ideologizada” por parte de la Corte IDH en el caso y hasta deslizó la idea de que el Estado paraguayo analizará su continuidad en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
También denunció que la Corte IDH cercenó al Estado paraguayo la posibilidad de presentar testigos limitándolo a uno de una lista de 17 que presentaron.
Sin embargo, en realidad, se trataba solo de seis, según precisiones de Marcelo Scappini, director general de Derechos Humanos de la Cancillería Nacional.
La posición de Coscia fue replicada por el senador liberal Enrique Salyn Buzarquis, quien manifestó que el Gobierno paraguayo debería pensar seriamente si sigue o no formando parte de la Corte IDH.
Por su parte, la Coordinadora de los Derechos Humanos del Paraguay acusó a los servidores públicos de realizar declaraciones falsas sobre este caso y que el Estado busca minimizar y renunciar a la protección de los derechos humanos a través de organismos internacionales. Algunas autoridades esbozaron la posibilidad de abandonar la CIDH, pero el propio Abdo Benítez dijo que eso no es posible.