El Gobierno chileno decretó el estado de emergencia para controlar los sectores de Santiago, que este viernes fueron escenarios de violentas protestas, lo que supone confiar a un mando militar la seguridad de la zona e implica una restricción la libertad de locomoción y reunión por un plazo de 15 días.
La radicalización de las protestas ciudadanas por el aumento del precio del billete del metro de Santiago derivó este viernes en una jornada de graves desórdenes, con incendios en varios puntos de la ciudad, saqueos y actos vandálicos que sumieron a la capital en el caos.
Mientras los efectivos policiales del cuerpo de Carabineros trabajaban para tratar de aplacar los disturbios y los bomberos apagaban las llamas que prendían en diversas estaciones de metro, autobuses urbanos, barricadas callejeras e incluso en la sede de la eléctrica Enel, el Gobierno analizaba las posibles medidas a tomar.
Así, el presidente del país, Sebastián Piñera, tras una larga reunión en La Moneda (sede del Gobierno) con los ministros de Interior, Andrés Chadwick, y de Defensa, Alberto Espina, decretó el estado de emergencia y nombró al general de división Javier Iturriaga del Campo como jefe de la Defensa Nacional en las zonas de la Región Metropolitana (RM) más afectadas por los desórdenes.
En concreto, el decreto rige para la provincia de Santiago -que alberga la mayor parte de las comunas de la Región Metropolitana-, la provincia Chacabuco y las comunas de Puente Alto y San Bernardo, sectores todos pertenecientes a la RM.
“Frente a los graves y reiterados ataques y atentados contra las estaciones y las instalaciones del metro de Santiago, contra el orden público y la seguridad ciudadana, he decretado estado de emergencia. El objetivo es muy simple, pero muy profundo: asegurar el orden público, la tranquilidad de los habitantes de la ciudad de Santiago, proteger los bienes tanto públicos como privados y, por sobre todo, garantizar los derechos de todos”, señaló el presidente por medio de una cadena nacional.
Con esta medida, que en caso de ser necesario puede ser prorrogada por otros 15 días si el Congreso Nacional lo autoriza, Iturriaga asumió el mando de las fuerzas policiales en esos sectores y quedó autorizado para desplegar a los militares, algo que ya ordenó.
“He asumido el control y el mando de las fuerzas militares, las de orden y seguridad, y estamos mandatados para evitar que se sigan cometiendo desmanes y destrozos en la ciudad y, lo más importante, recuperar a la brevedad los derechos y las libertades de las personas para que puedan seguir ejerciendo su vida con normalidad”, dijo Ituarriaga en rueda de prensa.
“Las fuerzas militares van a salir ya en este momento a patrullar la ciudad en aquellos sectores más conflictivos”, agregó.
Aunque recomendó a los ciudadanos que regresaran a sus casas, el general de división descartó por el momento que se vaya a decretar el toque de queda.
Desde el pasado lunes, cientos de personas, en especial estudiantes de secundaria y universitarios, llevan a cabo medidas de protesta por el alza de 30 pesos en el precio de los billetes del metro decretado hace dos semanas, hasta los 830 pesos actuales (unos 1,2 dólares) en hora punta.
Acudían en masa a las estaciones de metro colándose sin pagar, causando destrozos y enfrentándose a la Policía, disturbios que fueron en aumento hasta motivar que el Metro de Santiago, que transporta diariamente casi tres millones de personas, cerrase este viernes todas las estaciones, lo que produjo el colapso del tránsito de vehículos y peatones, que se quedaron sin locomoción.
En paralelo, grupos violentos radicales tomaron el protagonismo con enfrentamientos directos con los Carabineros, y la quema y destrozo de varias estaciones de metro y de mobiliario urbano.
Según los primeros informes, 19 estaciones de metro y 16 autobuses urbanos fueron dañados y 180 personas fueron detenidas.
El Metro de Santiago es una empresa privada en cuya propiedad participa el Estado chileno.
El precio lo fija el llamado Panel de Expertos con base en varios indicadores, como la inflación, el costo de los suministros para su operación y el tipo de cambio, entre otros, y es aprobado por el Ministerio de Transportes.
