En la víspera se realizó la audiencia preliminar para los procesados, donde el fiscal de la causa, Luis Piñánez, se ratificó en la acusación con respecto del supuesto lavado de dinero.
El agente presentó una resolución donde reasignaron la causa a la Unidad de Delitos Económicos. La tenía la fiscala Elva Cáceres. Sobre la acusación, el Tribunal de Apelación había dejado sin efecto varios hechos punibles, manteniendo solo el de lavado de dinero.
Por su parte, el defensor, Jorge Prieto, planteó varias cuestiones. Así, pidió la nulidad de la acusación fiscal, un incidente de atipicidad, una excepción de incompetencia material del Ministerio Público, basado en que la Unidad de Narcotráfico no tenía competencia para el lavado de dinero.
Asimismo, también pidió la exclusión de varias pruebas, tales como informes a bancos, entre otros. Además, solicitó la exclusión de todas las pruebas documentales que no fueron presentadas con la acusación, como manda la legislación procesal penal.
Tras el estudio pertinente, el juez Otazú rechazó todos los incidentes y dispuso elevar la causa a juicio oral y público para los tres hermanos.
La imputación es del 23 de mayo del 2015, mientras que la acusación se presentó el 23 de mayo del 2016.