La Contraloría General de la República (CGR) remitió un dictamen a la Cámara de Diputados, en el que refiere que encontró unas 90 fallas, es decir, 60 más que lo hallado por la interventora Carolina Llanes durante su examen a la Comuna administrada por Sandra McLeod.
La institución que preside Enrique García detalla en su informe un rosario de irregularidades halladas que constituyen lesión de confianza.
Así, la deficiencia en la ejecución y control del estacionamiento tarifado, así como el cobro, exoneración y descalabro financiero que se dio en el rubro de impuesto inmobiliario, se destacan dentro de este informe.
Otro ítem que destaca el trabajo de la Contraloría es el que refiere a las transferencias que no están respaldadas en documentos ni criterios técnicos. Algunos de ellos ascienden a montos de G. 478 millones para adquisición de alimentos; ayuda económica de la Municipalidad a terceros, de manera directa y discrecional por valor de G. 231 millones.
También se añade el pago a la empresa Frontera Producciones por valor de G. 1.350 millones, del cual no se tiene reporte del servicio realizado.
FONACIDE. El trabajo de auditoría detectó también varias irregularidades cometidas con los recursos del Fondo Nacional de Inversión y Desarrollo (Fonacide), tales como deficiencia en la entrega del almuerzo escolar.
En lo que refiere al gasto en las instalaciones educativas se detectó que fue recurrente el arreglo de escuelas con materiales de baja calidad.
También se halló el incumplimiento de las especificaciones técnicas en instalaciones eléctricas en escuelas.
La Municipalidad pagó un monto total de G. 523 millones a la empresa Alpe SA, pese a que esta no cumplió a cabalidad el pliego de bases y condiciones, “poniendo en riesgo la integridad física de las personas, niños y alumnos”, señala el documento.
Este informe coordinado por la Contraloría y el órgano interventor corresponde al ejercicio fiscal del año 2018 con documentos analizados hasta el 19 de enero de este año.