“Este no es un juicio a Cristina Fernández, este es un juicio al peronismo, a los gobiernos nacionales y populares”, aseveró tras lamentar la “persecución política y mediática” en su contra, en un discurso emitido por redes sociales desde su despacho en el Senado —del que es presidenta—, luego de que la Justicia rechazara su pedido de ampliar su declaración indagatoria en esta etapa del juicio.
Cristina Fernández está acusada de haber cometido presuntamente los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta de fondos públicos, debido a supuestas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez durante su mandato y el de su marido, el fallecido Néstor Kirchner (2003-2007), en la austral provincia de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo.
Tras un alegato que se extendió por nueve jornadas, la Fiscalía pidió este lunes para Cristina Fernández una condena de 12 años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida, al tiempo que propuso decomisar bienes de los acusados en este juicio por una cuantía de 5.231 millones de pesos (unos 36,4 millones de dólares).
Durante su alocución, de hora y media, la vicepresidenta argumentó que no existen pruebas en su contra y que ninguno de los citados a declarar durante el juicio apoyó con su testimonio la versión de los fiscales, a quienes culpó de adoptar el “guion” de los medios de comunicación afines a la actual oposición política.
Asimismo, la vicepresidenta mostró algunos mensajes de teléfono entre empresarios investigados por corrupción y funcionarios afines al ex presidente Mauricio Macri (2015-2019), con el fin de cuestionar el criterio de los fiscales, y sugirió que el tribunal a cargo de la causa está obrando al margen de la Constitución.
SENTENCIA YA ESCRITA. “La sentencia ya estaba escrita”, repitió Cristina Fernández este martes, en línea con los argumentos que esgrimió en su primera declaración indagatoria, en diciembre del 2019, ocho días antes de asumir la vicepresidencia.
Como en aquella ocasión, Cristina Fernández volvió a responsabilizar al “lawfare” por su derrotero judicial, insistiendo en que en Argentina “tiene un nivel superior” porque, según manifestó, “no se trata solamente de estigmatizar y confundir a los gobiernos populares con asociaciones ilícitas”, sino que además se busca “proteger a los que verdaderamente roban en el país”.
En tanto, un grupo de diputados opositores solicitó este martes un juicio político al presidente por una posible intromisión en el Poder Judicial, un proceso que no tiene visos de prosperar por la posición mayoritaria del oficialismo en el Parlamento.