“Es absurdo, el deber (de la asesoría jurídica de la Seam) no es defender tecnicismos legales; es defender el ambiente”, afirmó al reforzar inclusive que la sentencia del juez Rubén Riquelme –que hizo lugar al amparo promovido por AGPA– trata de impedir un desastre ecológico y humano.
“Se pretende decir que por el hecho de no haberse agotado la instancia legal este amparo no corresponde, cuando que el objeto del amparo es detener un peligro inminente antes de que ocurra un daño”, dijo sobre el propósito de fondo de la prospección geológica que busca encarar el MOPC y que se sospecha es con fines de explotación pétrea para obras viales.
Esto puede derivar en una situación de “estallido social” ya que existen indígenas que se encuentran aislados voluntariamente en la zona.