Luego de la denuncia de concejales departamentales del Partido Liberal (PLRA), por un supuesto perjuicio patrimonial de G. 18.000 millones, dinero que habría sido destinado a organizaciones sin tener documentaciones, el fiscal Juan Ledesma hizo ayer un allanamiento en la Gobernación de Central para recabar documentos.
La denuncia se basa en el informe final de la Contraloría tras un pedido de los concejales. En dicho reporte informaron que la Gobernación hizo millonarias transferencias (más de G. 18 mil millones) de forma consecutiva a organizaciones y no presentó documentación de respaldo.
Según explicó el fiscal Ledesma, ese monto corresponde solo al 2019, pero como se tuvo información que las mismas instituciones y organizaciones también recibieron aportes en el 2020, se amplió la investigación. Entre ambos años, el monto de transferencias asciende a G. 52.000 millones, aproximadamente.
“Es una nueva causa de investigación que se abrió con base en una hipótesis de que se podría estar desviando fondos públicos y tenemos que realizar la verificación documental”, explicó el fiscal de Delitos Económicos.
INSTITUCIONES BENEFICIADAS. La Gobernación tiene un convenio con el Ministerio de Educación y las comunas, para apoyar a centros de educación departamental-municipal que existen en cada distrito. “Se realizaban transferencias para pagos a personas que prestaban servicios”, dijo el fiscal.
Además figuran como beneficiarias la fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) y la fundación Plantemos Conciencia, que tampoco presentaron documentaciones de los gastos realizados, como tampoco rendiciones ante Contraloría.
“En el informe se aclara que ellos realizaron el trabajo y la conclusión, conforme a los documentos proveídos, tanto por la Gobernación y por las instituciones que habrían accedido a las transferencias. Ahora estamos verificando si existen o no esas documentaciones de respaldo de esas transferencias”, dijo Ledesma.
Según el interviniente, una vez que se puedan acceder a los documentos, se verificará cuál fue el destino de los desembolsos.
“Existe una obligación legal de la Gobernación a los efectos de realizar los siguientes desembolsos, tiene la obligación de verificar que esas rendiciones de cuentas sean presentadas por las instituciones que reciben recursos a los efectos de poder otorgar (en una próxima ocasión) nuevamente otros recursos.
Explicó que en el caso de que este año otra vez se habría dado más dinero a estas organizaciones, pese a que no rindieron cuenta, sería un hecho bastante grave, ya que “estarían desembolsando cobros sin ni siquiera corroborar dónde fueron los recursos”.
OTRAS CAUSAS. La Gobernación de Central es objeto de otras dos investigaciones, en la que una se presume que entregaron facturas falsas al demostrar el desembolso, pero para obras fantasmas. Por otra parte, más de G. 5.000 millones a la asociación Tekove Servicio de Acción Social, que a su vez contrató a una constructora para supuestas obras.