“Estoy con mandato vencido y sé que me puse la soga al cuello. La Corte tiene ahora mi confirmación sobre su escritorio, lo más probable es que no me confirmen, estoy muy consciente del precio que se tiene que pagar”, lamentó la fiscala este jueves tras su declaración ante sus colegas Alcides Corvalán y Francisco Torres.
Alegó que también tiene la esperanza de que en algún momento el Senado trate la terna para la Fiscalía General del Estado y una nueva persona asuma el cargo de la institución. “Podemos tener una nueva cabeza, y no alguien que coloca a dedo a fiscales para investigaciones tan delicadas”, lanzó.
Se ratificó sobre lo que expuso al Senado días atrás, señalando que es lo que le consta y lo que puede probar. Aclaró que en ningún momento la presión que recibió fue por parte de Raúl Fernández Lippmann ni del ex senador Óscar González Daher.
Aseveró que no era un problema con una causa que ella llevaba, sino que quería ayudar a Fermín Bogado. “Le estaba respaldando a mi asistente fiscal porque resulta ser que le cocinaron toda la causa al hermano, de eso se trataba”, enfatizó.
Confesó que le solicitó al oviedista una audiencia para hablar del tema, que Bogado la acompañó y es testigo del caso. Oviedo Matto los recibió en su Escribanía.
Subrayó que la respuesta al entonces senador oviedista y miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) fue para zafar de forma elegante como quien se ufana de tener línea directa con el presidente de la República.
“El único lugar en donde no voy a denunciar jamás (un caso de corrupción) es en el Ministerio Público, cero credibilidad”, remató.
Fundamentó su opinión con la experiencia obtenida tras las denuncias presentadas por frustración de la persecución y ejecución penal contra su colega Karina Giménez ante el JEM, ante la Inspectoría General del Ministerio Público e incluso ante la Fiscalía.
Dijo que no se trata de animarse a denunciar: "¿Qué les parece que puedo esperar de denunciar a un senador con fueros?”, cuestionó la fiscala.
Giménez se animó y aseguró que en la institución para la que trabaja existe una rosca mafiosa y que esto ocurre mucho antes de la revelación de los audios que involucran a fiscales, jueces, políticos y abogados.
“La ciudadanía tuvo conocimiento de cómo se maneja realmente esta estructura, era un secreto a voces, pero no comprobado”, culminó.
Sobre este punto, analizó el artículo 33 de la Constitución Nacional, donde se establece claramente el derecho a la intimidad para cualquier habitante de la República, con la excepción de cuando se compromete el orden público.
