Desde hace años, varios políticos son vinculados con el narcotráfico en nuestro país, y también con el lavado de dinero (delito hermano del narcotráfico). Sin embargo, hasta ahora existen pocas condenas por estos casos, y desde el Congreso se siguen resistiendo a controlar estrictamente el financiamiento de las campañas, con lo cual desnudan la intención de seguir en la opacidad, dando lugar a los recursos electorales espurios.
Uno de los últimos casos se refiere al diputado colorado Ulises Quintana, integrante del equipo político del presidente de la República, Mario Abdo Benítez. El parlamentario fue imputado por tráfico de drogas en carácter de cómplice, tráfico de influencias, asociación criminal, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Es más, el legislador está preso por estos presuntos crímenes.
Quintana fue uno de los detenidos en el marco del Operativo Berilo, tras ser vinculado con el presunto líder narco Reinaldo Cucho Cabaña, quien también está tras las rejas.
De acuerdo con el Ministerio Público, el rol principal del legislador en la organización que lideraba Cabaña fue impedir que las autoridades intervengan en actividades ilícitas.
OTROS CASOS
Por otro lado, tenemos al diputado colorado Freddy D’Ecclesiis, quien justamente votó en contra de las modificaciones que pretendían mejorar la ley de financiamiento en las campañas políticas para un control más estricto del dinero utilizado en las contiendas electorales.
En octubre de 2018, D’Ecclesiis confirmó que el hangar allanado en el marco del operativo Austral, en el Departamento de San Pedro, es propiedad de su familia. En el sitio se encontraron siete avionetas que eran supuestamente utilizadas para actividades ilícitas. “Hay un negocio de hangaraje que tiene mi cuñada (esposa de Víctor Raúl D’Ecclesiis). Ellos alquilan un hangar a la gente que quiera dejar su avioneta en ese lugar”, manifestó el parlamentario, al tiempo de aclarar que él ni siquiera cuenta con una avioneta propia.
Víctor Raúl D’Ecclesiis, hermano del diputado colorado, fue detenido por posesión de drogas en Uruguay y estuvo siete años en prisión.
Otra política que está en prisión es Cynthia Tarragó, quien fue detenida en noviembre pasado por las fuerzas de seguridad estadounidenses. La ex diputada y su marido Raymon Va fueron acusados de blanquear un dinero que les fue ofrecido por dos agentes encubiertos del FBI, presentados como narcotraficantes.
Según un comunicado de la Fiscalía del estado de Nueva Jersey, el FBI arrestó a Tarragó y Va “después de que llegaran (al aeropuerto de) Newark en el marco de sus actividades ilegales para el blanqueo de capital”.
La nota de la Fiscalía indicó que también fue imputado Rodrigo Alvarenga Paredes por “conspiración para blanquear dinero”. La legislación estadounidense determina una pena máxima de 20 años de prisión por lavado de dinero y una multa de hasta USD 500.000.
“Tarragó, una ex legisladora de Paraguay, se ofreció descaradamente a lavar el producto del tráfico internacional de drogas e incluso llegó al extremo de ofrecer traficar con cocaína ella misma”, aseguró el fiscal Craig Carpenito, citado en la nota.
Otro que está acusado de lavar dinero es el otrora poderoso senador colorado Óscar González Daher, quien está imputado, así como a su hijo Óscar Rubén González Chaves, por enriquecimiento ilícito, declaración falsa y lavado de dinero. Estuvo en prisión, pero hoy guarda arresto domiciliario y su caso avanza poco y nada por ahora.
En este periodo legislativo, González Daher renunció a su banca ante las protestas frente a su vivienda. Entonces estaba siendo investigado por el caso de la inmobiliaria Príncipe Di Savoia SA. La inmobiliaria salió a la luz en una investigación de Última Hora en el 2010. Figuraba como titular de varias propiedades en estado de evasión de impuestos. La firma estaba compuesta por el ex senador luqueño, más sus hijos Rubén y María Emilia, así como el juez Juvencio Torres.
El enriquecimiento ilícito está tipificado como crimen y tiene una expectativa de 10 años.
Más
Igualmente, en el 2015, se dio a conocer que el entonces concejal de Amambay, José María Bogado, vinculado con el cargamento de 250 kilos de cocaína, hallados a pocos kilómetros de Pedro Juan Caballero, era cuñado del diputado Marcial Lezcano, también relacionado con el narcotráfico.
La Policía Nacional vinculó a los concejales departamentales José María Bogado (ANR) y César Quevedo (PLRA) al cargamento de droga hallado en la zona.
Fueron varios los casos de presuntos narcopolíticos que salieron a luz en aquel año tras el asesinato del periodista Pablo Medina y Antonia Almada. El ex intendente de Ypejhú, Vilmar Acosta, fue condenado como el autor moral del crimen.
La Cámara de Senadores también había emitido un informe donde señalaba a legisladores vinculados al narcotráfico. Entonces se nombró precisamente a los diputados Bernardo Villalba, Marcial Lezcano, Freddy D’Ecclesiis; el diputado suplente Carlos Rubén Sánchez Garcete, alias Chicharõ; la ex parlasuriana Concepción Cubas y el ex legislador Magdaleno Silva.
Es más, el ex diputado Magdaleno Silva murió a raíz de un atentado en su casa, ubicada en el distrito de Yby Yaú, Departamento de Concepción.
Por si fuera poco, en enero pasado, un candidato a concejal, que se dedicaría a la comercialización de cocaína en la modalidad delivery, fue detenido en el interior de un estacionamiento, en la ciudad de Luque.
El detenido fue identificado como Freddy Francisco Ferreira Sosa, de 29 años, candidato a concejal de la ciudad de Luque por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), según informaron desde la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).
Ferreira fue sorprendido por los agentes cuando aguardaba concretar una entrega de la droga en el estacionamiento de un supermercado, en el barrio Molino. En la intervención los agentes incautaron 28 gramos de cocaína. Una parte de las evidencias se encontró en los bolsillos del implicado, mientras que la otra en su automóvil de la marca Kia Picanto.
Una de las características de la forma en que era entregada la droga estaba marcada por la elección de estacionamientos y grandes centros comerciales, según refirieron los intervinientes.
Hernán Schlender
Ex intendente. Imputado por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, Hernán Adolar Schlender habría lavado dinero procedente del narcotráfico. El mismo había sido blanqueado por la Cámara de Diputados. La fiscala Victoria Acuña explicó que habría blanqueado unos G. 3.600 millones en un lapso de apenas tres años.
Cynthia Tarragó
Detenida. La ex diputada colorada Cynthia Tarragó aceptó lavar dinero de supuestos narcotraficantes, quienes en realidad eran agentes del FBI. Fue detenida en EEUU y según la denuncia “se ofreció descaradamente a lavar el producto del tráfico internacional de drogas e incluso llegó al extremo de ofrecer traficar con cocaína ella misma”.
Óscar González Daher
Polémico. El ex senador Óscar González Daher está con arresto domiciliario por varios delitos, entre ellos, lavado de dinero. Si bien no se lo vincula al narcotráfico expresamente, los hechos ilícitos que se le atribuyen están muy vinculados al mundo narco. Se lo acusa de blanquear miles de millones desde una inmobiliaria.
Rubén Sánchez
Sospechoso. Tanto la Policía como la Secretaría Nacional Antidrogas tienen en la mira a Sánchez por indicios que lo hacen sospechoso de ser el principal operador en nuestro país de una organización dedicada al tráfico de drogas y lavado de dinero proveniente de Brasil, liderada por Luis Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca.
Vilmar Acosta
Condenado. Vilmar Neneco Acosta fue el intendente colorado del municipio de Ypejhú (Canindeyú). Lo condenaron por planear el asesinato del corresponsal de ABC Color en Curuguaty, Pablo Medina. El crimen se produjo el 16 de octubre del 2014. El motivo: las publicaciones de Medina que ponían en evidencia las andanzas de Neneco.
Víctor D’Ecclesiis
Familia. Es hermano del diputado Freddy. Ambos son colorados. Víctor Raúl D’Ecclesiis fue detenido con cocaína en Uruguay, en 1997, y fue condenado en ese país por tenencia de estupefacientes. Estuvo en prisión siete años. En el 2009, fue condenado en nuestro país a ocho años de cárcel por posesión y tráfico de cocaína.