Nuestra Justicia lenta y en exceso permisiva con las chicanas es responsable de que algunos casos de presunta corrupción en plena pandemia del Covid-19 continúen impunes.
La Fiscalía había acusado al clan Ferreira de traer en el 2020, desde China, junto con los insumos médicos para la pandemia por el Covid-19, 50 camas hospitalarias que trataron de ingresar en forma ilegal para evadir los impuestos. Dicen los fiscales que los acusados ya sabían de la carga el 16 de abril y no la señalaron.
Mientras tanto, tres años después, la definición sigue pendiente. Una sentencia podría darse el próximo 5 de diciembre, siempre que no sea suspendida nuevamente.
En este caso, los fiscales Osmar Legal, Jorge Arce, Francisco Cabrera y Diego Arzamendia habían solicitado condenas para los procesados, para Justo Ferreira y su hija Patricia Ferreira, de 6 años de cárcel por los supuestos delitos de contrabando, producción y uso de documentos no auténticos y asociación criminal. Además, pidieron para el despachante de Aduanas, Carlos Gamarra, 4 años de cárcel, mientras que para los aduaneros Guillermo Andrés Molinas Camp y Gustavo Acosta solicitaron 5 años de pena privativa de libertad.
Pero, además, existe otra causa en la que están procesados Patricia Ferreira, presidenta de Imedic, además de Nidia Godoy, de la misma empresa, y el despachante de Aduanas Néstor Ramírez, una causa que se encuentra trabada. En este caso, la acusación es por supuesta producción y uso de documentos no auténticos, asociación criminal y comercialización de medicamentos no autorizados por la presunta falsificación de facturas de la empresa Eurofarma, que posibilitó el ingreso de medicamentos oncológicos de dudosa procedencia al país. Esta causa tiene numerosas cuestiones por resolver antes de que se pueda siquiera fijar una fecha para el juicio oral, el cual evidentemente quedaría ya para el año que viene.
Lamentablemente, durante la pandemia hubo otras denuncias, como la compra de agua tónica con recursos de Petropar o los tapabocas de oro con recursos de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, o las escandalosas adquisiciones de la administración municipal de Asunción, donde el intendente Óscar Rodríguez había sido denunciado por la supuesta sobrefacturación de productos de desinfección.
Nuestro país había hecho un buen trabajo en los inicios de la pandemia, pero todo se empantanó en cuanto se anunció que el Estado realizaría millonarias compras de equipos médicos, en el marco de la Ley de Emergencia. Entonces quedó relegado todo tipo de “patriotismo”, el cual fue reemplazado por el crudo y simple objetivo de aprovecharse de los recursos públicos.
En plena pandemia del Covid-19, cuando no había cura ni vacunas, miles de paraguayos y paraguayas perdían sus empleos, comercios y empresas cerraron sus puertas, los hospitales públicos se encontraban repletos y sin insumos ni medicamentos y el país perdía valiosas vidas, en medio de ese catastrófico escenario hubo personas que mostraron el rostro más miserable de la humanidad intentando sacar provecho de una grave crisis.
El mal uso del dinero público con la intención de obtener beneficios –en medio de una pandemia que dejó miles de muertos, dolor y angustia en el pueblo– debió haber sido castigado en forma rápida y sin vacilación. Pero lamentablemente nuestro sistema de justicia con su permisividad y tibieza ha permitido hasta ahora la impunidad. A jueces y fiscales debemos recordarles que la corrupción mata, roba calidad de vida a la población, roba la esperanza.