Los campesinos que alegan haber sido vulnerados en su derecho al debido proceso y otros disponen de 3 meses para presentar su escrito de fondo, en el que deberán demostrar fehacientemente que el Estado cometió diversas irregularidades en la investigación del caso y en el procesamiento de los presuntos responsables.
El 11 de julio del 2016, un total de 11 campesinos y campesinas fueron condenados a penas de 35 a 4 años de cárcel por la masacre ocurrida el 15 de junio de 2012 en las tierras de Marina Cué, en una propiedad denominada Campos Morombí, en la ciudad de Curuguaty, Departamento de Canindeyú, en un intento de desalojo. El hecho dejó 17 muertos: 11 trabajadores del campo y 6 policías.
La principal irregularidad denunciada por parte de los labriegos ante la CIDH fue que, además de los seis policías, también murieron 11 campesinos, al menos siete de ellos con señales de haber sido ejecutados.
Sin embargo, las muertes no fueron investigadas a raíz de que el Ministerio Público sostiene que los uniformados fueron emboscados y que el fallecimiento de los campesinos se produjo tras una reacción policial en defensa propia, según menciona la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy).
Finalmente, el 26 de julio del 2018, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia hizo lugar al recurso de casación y revocó la condena a los 11 campesinos y campesinas sentenciados.
En aquella ocasión, el camarista Emiliano Rolón explicó que la falta de fundamentación y de justificación de la responsabilidad penal fueron los argumentos para anular la condena a los 11 campesinos.
Según el embajador Benítez, la Cancillería ya puso a conocimiento de la Procuraduría General de la República la notificación recibida por parte de la CIDH, en la que también el organismo de la OEA plantea la posibilidad de que el Estado y los peticionantes puedan acogerse a un arreglo amistoso.
Aclaró que luego de que la CIDH reciba el informe de fondo de los peticionantes, solicitará al Estado responder a las acusaciones.