El procurador general de la República, Sergio Coscia, reiteró ayer lo que el lunes dijo a Última Hora: Que el Gobierno aguarda un fallo favorable al Estado paraguayo en la definición del caso Arrom-Martí, que se sustancia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en plena sesión desde el lunes, en Buenos Aires.
Juan Arrom y Anuncio Martí recurrieron contra el Estado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos como supuestas víctimas de desaparición forzada y tortura de las que responsabilizan a agentes del Estado, en hechos ocurridos durante el gobierno del colorado Luis González Macchi. El procurador general de la República, que ejerció la defensa del Estado ante la Corte IDH en este caso, expresó ayer que las estadísticas de este organismo señalan que de 250 sentencias emitidas, todas fueron contra el Estado. Ante esto, manifestó que los fallos de la Corte “no necesariamente” deberían condenar al Estado. “Tiene que funcionar el sistema, y la idea de que el sistema funcione es que sea equilibrado”, reclamó.
Aclaró que no existe certeza de si en este periodo de sesiones de la Corte IDH se resuelva el caso Arrom-Martí. Se baraja la posibilidad de que esta instancia jurisdiccional de derechos humanos requiera más tiempo para adoptar una sentencia.
El caso se relaciona con la alegada desaparición forzada y tortura de Arrom y Martí, entonces militantes de un pequeño partido de izquierda denominado Patria Libre, durante los días 17 al 30 de enero de 2002. Ambos denunciaron que fueron detenidos por agentes estatales, quienes aparentemente los interrogaron sobre sus actividades políticas y los presionaron para que se declarasen culpables del secuestro de la señora María Edith Bordón de Debernardi (16 de noviembre de 2001 a 19 de enero de 2002). Según versiones extraoficiales, policías y funcionarios de la Fiscalía querían el dinero del rescate pagado por la familia Debernardi, porque daban por hecho que Arrom y Martí estaban involucrados en el secuestro. Coscia dice que quedó “demostrado ampliamente” que ningún agente del Estado tuvo participación en ese supuesto hecho.
Arrom y Martí piden una indemnización de USD 50 millones cada uno.
