Por Roberto Irrazábal<br/><br/>roberto–irrazabal@uhora.com.py<br/><br/>Un caso paradigmático que enfrenta el Instituto de Previsión Social (IPS) con respecto a sus alquileres impagos y judicializados es el de la cantina del Hospital Central. La empresa Stella Marys, perteneciente a Graciela Pavón, gracias al Poder Judicial, hace diez años explota la cantina sin pagar un guaraní al IPS, al que a la fecha le debe en total G. 6.776.401.149, más de USD 1.6 millones.<br/><br/>Las chicanas y la desidia judicial permiten que esta empresa siga facturando en promedio G. 30 millones al día sin pagar alquiler, según abogados de la previsional, ya que el caso no se resuelve a pesar de existir sentencias favorables al IPS para el desalojo.<br/><br/>El presidente del IPS, Luis Alberto López, tomó como ejemplo este caso al quejarse de los juicios que perjudican a la institución y señaló, además, que esta empresa ni siquiera está pagando el seguro previsional a sus funcionarios. “Esto se vuelve algo de nunca acabar, la cantina del Hospital Central hace años no paga el arrendamiento, no paga siquiera el IPS a sus propios funcionarios, y es alevoso”, se quejaba el titular del ente.<br/><br/>Así como en otros casos judicializados por IPS contra los inquilinos de los inmuebles que arrienda, el expediente del proceso contra la cantina fue robado del Poder Judicial en el 2003, lo cual implicó una pérdida enorme de tiempo para los abogados del Instituto. La reconstitución del expediente demandó un tiempo largo que benefició a los demandados.<br/><br/> Abogados y funcionarios de la previsional indican que la cantina implica un riesgo para la salubridad de los pacientes del hospital, ya que hay internados cerca y la cocina atrae insectos y alimañas.<br/><br/>Agregan que el local no cuenta con las habilitaciones necesarias por parte de la Municipalidad ni del Instituto Nacional de Alimentos y Nutrición (INAN), pero aún así explota el lugar sin pagar alquiler.<br/><br/>Otras fuentes hablan de contactos que posee la empresaria con políticos y ministros colorados de la Corte, con lo cual supuestamente consigue favores en la esfera judicial.<br/><br/> EL PROCESO. Graciela Pavón firmó el contrato de alquiler con el IPS el 2 de abril de 1998, siendo el cofirmante el entonces presidente del Consejo de Administración, Mario Luján Melgarejo.<br/><br/> El plazo del contrato fue por cinco años y su canon inicial de G. 12.500.000. Pero Pavón pagó solo hasta abril del 2001 y en octubre de ese año el Consejo dispuso el desalojo de todos los ocupantes precarios, entre ellos la cantina, por morosa.<br/><br/>La previsional inició el juicio de desalojo a la empresa Stella Marys el 8 de agosto del 2002, y esta a su vez presentó los antecedentes de otro juicio entablado a la previsional por pago por consignación.<br/><br/>En el 2003 un Tribunal de Apelaciones rechazó los pedidos de reposición y otro de apelación presentado por la demandada, pero ese mismo año el expediente fue robado.<br/><br/>En el 2004, tras la reconstitución del expediente, la sentencia definitiva n.º 548 del 26 de julio del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil dio lugar a la demanda de desalojo y dio plazo de diez días para desalojar la cantina de la empresa, que apeló y volvió a perder en abril del 2005 y respondió presentando una demanda de retención de inmuebles que también perdió y está en apelación.<br/><br/> Con recusaciones y chicanas el caso sigue empantanado en la justicia y el IPS sin cobrar.<br/><br/>