El proyecto de ley C-36 es consecuencia directa de una sentencia de diciembre del año pasado en la que el Tribunal Supremo declaró anticonstitucional las leyes que criminalizaban la prostitución.
Entonces, el Tribunal Supremo de Canadá dijo que “no es un delito vender sexo por dinero” y dieron al Gobierno canadiense un plazo de un año para modificar la legislación.
La sentencia fue acogida como un triunfo por las organizaciones de defensa de los derechos de las prostitutas, que consideraban que las leyes canadienses obligaban a las trabajadoras del sexo a ejercer sin protección y las empujaban a vivir de forma ilegal.
El proyecto de ley sí ilegaliza la prostitución en espacios públicos en los que pueden estar presentes menores, como calles, la publicidad de la prostitución y establece penas de prisión de hasta cinco años para las personas que compran servicios sexuales.
El ministro canadiense de Justicia, Peter MacKay, dijo este miércoles al presentar el proyecto de ley que con la iniciativa se criminaliza “la compra de servicios sexuales y, en instancias muy específicas, la venta”.
El proyecto de ley ya ha sido criticado por las organizaciones que recurrieron al Tribunal Supremo para eliminar la anterior legislación, al considerar que no ayuda a que las prostitutas trabajen de forma segura.
