A aproximadamente un mes de que arranque el examen internacional sobre prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en el país, de cuyo resultado dependerá que Paraguay retorne o no a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), la crisis política que rodea al acuerdo secreto en Itaipú desembocó en la renuncia de la ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), María Epifanía González.
La hasta ayer titular de la cartera en cuestión explicó a ÚH que su desvinculación, que insistió fue voluntaria, se debe a que el evento que involucra a su hijo José Rodríguez González, en una supuesta injerencia en el acuerdo con Brasil sobre la contratación de energía de la binacional, le impide concentrarse y dedicarse en un 100% a las exigencias que demanda la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
“La Seprelad es una institución que requiere un 100% de la persona que está al frente, concentración, más en este momento que estamos en proceso de evaluación. Ese 100% yo no voy a entregar a la Seprelad, en eso los funcionarios tenemos que ser honestos, es el momento que yo necesito estar con mi familia, es mi deseo, fue un año muy duro, de mucho trabajo”, manifestó.
González anunció que volverá al Banco Central del Paraguay (BCP), tras tomarse unas vacaciones. Aseguró que colaborará con su sucesor al frente de la Seprelad, Carlos Arregui, para ponerle al tanto de los quehaceres que rodean a la administración de la institución.
“Tenemos muchos temas pendientes y, como se viene la evaluación, es muy importante ese traspaso de conocimiento; uno puede ayudar a la evaluación siendo ministra o siendo ciudadana, desde donde esté voy a seguir ayudando para que la evaluación sea todo un éxito”, sostuvo.
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, dispuso ayer mismo la designación al cargo de Carlos Arregui. González manifestó su confianza en que este último cumpla un “excelente papel” en la entidad.
Recalcó que todos los trabajos de la Seprelad deben seguir sin interrupción, incluida la evaluación nacional sobre financiamiento del terrorismo, prevista para el 5 y 6 de agosto próximo.
“El que agarra el timón, agarra en marcha. Formé un gran equipo en la Seprelad y espero que sigan apoyando al doctor Arregui”, agregó.
Informó que el examen de Gafilat se iniciará probablemente en setiembre de este año, pues estaban gestionando para esa fecha la visita oficial. “Uno lo que hace es avisarle a Gafilat y decirle la fecha en que ellos pueden venir a Paraguay y con eso ya arranca el cuestionario”, detalló.
La semana pasada, González adelantaba que en diciembre de 2020 se conocerían los resultados del examen de Gafilat y que seguían en estudio del Congreso Nacional los proyectos de leyes antilavado. Meses atrás, Panamá retornó a la lista gris de países con riesgo de lavado de dinero.
MOTIVOS. González renunció a su cargo debido a que, aparentemente, su hijo, José Rodríguez, fue involucrado en presunto tráfico de influencia en el acuerdo de Itaipú.
El joven, de solo 27 años, habría solicitado a altos funcionarios de la ANDE eliminar un artículo del acta que hubiera favorecido a Paraguay, supuestamente, a pedido del vicepresidente Hugo Velázquez. Se trata del artículo 6 que iba a permitir a la ANDE vender energía a firmas de Brasil, que resalta: “Las altas partes acuerden en realizar los ajustes necesarios para permitir directamente a la ANDE la comercialización en el mercado brasileño de energía paraguaya de Itaipú, con un bloque mínimo inicial de hasta 300 MW”.
Oficialización del reemplazo
A través del Decreto 2253 se aceptó ayer la renuncia de María Epifanía González al cargo de secretaria ejecutiva de Seprelad y se nombró en su reemplazo a Carlos Arregui. El documento deberá ser refrendado por el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor. Arregui fungía como asesor de Transparencia de la Presidencia. Era concejal de Asunción cuando el Gobierno le propuso asumir esa función. Fue parte del Ministerio Público, pero renunció luego de ser designado como fiscal adjunto al Departamento Central desde la Unidad de Delitos Económicos. En su momento, dijo que el entonces fiscal general, Javier Díaz Verón, hizo esa movida por presión política.
