En el caso se investiga un supuesto desvío de más de G. 2 mil millones del presupuesto de publicidad de la Municipalidad de Ciudad de Este, a través de empresas creadas para repartir el dinero que se presume fue usado en campaña política.
Todos los planteamientos fueron de mero trámite procesal; entonces los camaristas Graciela Ortiz, Perfecto Orrego y Juliana Giménez señalaron que es competencia del Juzgado Penal de Garantías resolver sobre ellos y dispusieron el envío del expediente al juzgado inferior para que siga el proceso.
Son más de 12 recursos los que fueron resueltos por la Cámara, que sostiene que los cuestionamientos deben ser dirimidos por Garcete. En el caso del senador había apelado la imputación del fiscal René Fernández, porque este supuestamente estaba recusado en el momento de presentar sus requerimientos. Otros apelaron con relación a la realización de la audiencia para ser oídos, porque sostienen que el juzgado les citó fuera de plazo.
Los camaristas también afirmaron que no tienen decisión sobre la prisión o no de los imputados, luego de que estos hayan sido oídos en audiencia, pues es competencia exclusiva del Juzgado de Garantías.