Los camaristas señalaron la desidia del Ministerio Público para realizar diligencias investigativas en la causa por lesión de confianza iniciada contra la ex intendenta y otros coacusados, durante un año de lapso de investigación, al confirmar el fallo de la jueza penal de garantías María de Fátima Burró.
Se trata de la causa 26/19 por lesión de confianza en la que también habían sido sobreseídos en forma definitiva McLeod de Zacarías, David Christian Espínola Osorio, Nilsa Elizabeth Paiva Dávalos, Vicente Rodríguez Florentín, Marcos Aurelio González Escurra y Genaro Ramón García. La investigación fue iniciada por contratos realizados por la Comuna con la firma MG Distribuidora y Eventos a través de la Dirección de Desarrollo Social de la Comuna, en los que supuestamente se requirió la provisión de diversos rubros en 2017 y 2018.
Supuestamente, se hicieron los contratos, pero no hubo prestación de servicios, lo que provocó un daño patrimonial de más de G. 6.000 millones a la Municipalidad.
Las camaristas Mirian Meza de López, Marta Acosta Insfrán y el camarista Efrén Giménez, de la Primera Sala de la Cámara de Apelaciones de Ciudad del Este, dieron a conocer su auto interlocutorio este viernes, en el que declararon inadmisible el recurso de apelación general interpuesto por los fiscales Natalia Fuster, Diego Arzamendia y Francisco Cabrera, contra la resolución de la jueza de garantías.
Los camaristas confirmaron la resolución y declararon improcedente el recurso de apelación interpuestos por los fiscales, determinando las costas en el orden causado.
“El fallo contiene sólidos argumentos que evidencian la falta de razonabilidad de las manifestaciones del Ministerio Público, como justificativos de la no realización tanto en el lapso de la etapa preparatoria ordinaria como de la prórroga extraordinaria. En ese sentido solo por mencionar algunos puntos se cita como ejemplo las recusaciones de magistrados e inhibiciones como justificaciones de la falta de diligencia”, refieren en una parte del dictamen los camaristas.
Para los camaristas, la jueza había señalado que la Fiscalía no actuó en forma diligente para obtener sus pruebas de convicción.