La Cámara declaró inadmisible la apelación planteada por el abogado Federico Campos López Moreira, abogado de la defensa, además impuso costas a la parte perdidosa.
El juez Riquelme le había impuesto a Fretes como condiciones la obligación de comparecer del 1 al 5 de cada mes, la prohibición de salir del país, del Departamento Central y de cambiar de domicilio, a más de no poder salir de su casa entre las 20.00 y las 6.00. Además, una caución real de G. 1.500.000.000.
Con respecto a Castillo, tiene las mismas obligaciones, pero con una fianza real por la suma de G. 1.200.000.000.
La fiscala que atiende ahora la causa, Claudia Penayo, dijo que rectificaba el pedido de prisión hecho por la fiscala Teresa Ruiz Díaz y, además, requirió calificar el delito como detentación de armas, pero por la tenencia o portación, cuya pena es de hasta 5 años.
El caso investiga la muerte del joven Mauricio Benítez, ocurrido el 15 de junio, en la zona de Puerto Botánico.