Desde el Senado toman como una competencia desleal si se parte del monopolio e inconstitucional desde el punto de vista jurídico. Advierten que no se tuvieron en cuenta los pedidos de organizaciones que promueven el autosustento del cannabis medicinal y que el Ejecutivo estaría tras el negocio.
El senador Fernando Silva Facetti cuestiona el hecho de que para la producción del aceite medicinal del cannabis haya que tener autorización, visto que la ley sancionada no puso ese límite.
Detalla que en cuanto al uso médico, existe la controversia de que el proyecto limita al 2% de la producción final, lo que cada laboratorio deberá donar para que el Estado se encargue de su distribución gratuita. La organización Mamá Cultiva pide hacer el aceite de manera particular y artesanal.
“Ese 2% va al Ministerio de Salud y ahí se inscribe una persona, para recibir gratuitamente por parte del Gobierno”, menciona.
Cynthia Farina, de Mamá Cultiva, acompaña lo expresado por el senador Facetti. Indica que es lo mismo que las organizaciones cuestionan desde la salida del decreto. Lamenta que solo el 2% de la producción de las empresas se distribuya gratis a los pacientes.
Silva detalla que del aporte de la UNA y el Conacyt se sabe que las propiedades de “cannabinoides pueden ser buenas para la epilepsia refractaria, para el sueño, para controlar el apetito, estrés, etc. Eso se va a controlar en un programa científico y se está avanzando bien”, cita.
La adjudicación de la industrialización y la producción genera intereses. Silva dice que “si hay personas vinculadas al presidente Mario Abdo o vinculadas a él que se encuentren en esos laboratorios no es un limitante, pero sí inconstitucional si se reglamenta para cinco laboratorios”.