Se trata de un trabajo de la Dirección de Auditoría Forense, dependiente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, conforme al Contrato CJB/ADM N° 30/14 de “Inversión inmobiliaria por parte de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines”, suscrito con la firma Maromig SA, según los antecedentes.
El informe del ente contralor hace referencia a un posible pago irregular en concepto de servicio de consultoría, por un monto de G. 570 millones, entre otros. Antes, la CGR ya había detectado posibles irregularidades en la Caja, apuntando a la debilidad de controles internos.
El presidente de la entidad, José Antonio Caballero, y otros se encuentran procesados por supuesta lesión de confianza. La fiscala Stella Marys Cano había imputado a los mismos el año pasado, actuación que fue avalada por la jueza Cynthia Lovera. Además, se había solicitado la intervención del Banco Central del Paraguay en el tema.
La situación es todavía más compleja debido a que Caballero y los demás miembros de su comisión directiva (periodo 2020-2023) resultaron ganadores de las últimas elecciones, que se realizaron en el pasado mes de noviembre, pero hasta el momento no se dio a conocer el correspondiente decreto de homologación por parte del Poder Ejecutivo.