Con esta norma, se busca establecer una sanción al abuso de la función pública penalizando la conducta del funcionario, que intenta obtener un beneficio para sí u otra persona, excediendo el ámbito de sus competencias, con 5 años de pena privativa de libertad o multa y la inhabilitación de ocupar cargos públicos por hasta 10 años.
La diferencia con el marco penal ya existente es que se juzga el resultado del hecho punible, en tanto que con este proyecto se pretende sancionar el actuar del funcionario.
La diputada del Partido Encuentro Nacional (PEN), Kattya González, presidenta del Frente, explicó que el proyecto tuvo colaboración internacional. “Acá tenemos en cuenta que se pone en relieve el perjuicio que ocasiona la investidura del cargo a la función pública desempeñada para penalizar la conducta, a partir de ahora el Frente Parlamentario realizará una serie de agendamientos y debates a nivel ciudadano para socializar la iniciativa”, manifestó.
La diputada argumentó que actualmente en Paraguay no se sanciona el abuso de funciones por parte de servidores públicos. “No se sanciona el ejercicio abusivo de funciones, pese a los severos perjuicios que produce no solo en términos económicos, sino en el mismo funcionamiento del Estado social de derecho que se funda en principios promotores de las buenas prácticas y la erradicación de prácticas fraudulentas”, remarcó la legisladora.