Las deudas, calculadas en unos 1.000 millones de reales (cerca de USD 190 millones), fueron acumuladas por iglesias de diversas religiones, aunque la mayor cantidad corresponde a las evangelistas, que son parte de la base política en que se apoya el Gobierno del líder de la ultraderecha.
El perdón de esas deudas fue incluido por presiones de líderes evangelistas en la Cámara de Diputados y el Senado, que integran un poderoso grupo suprapartidario, en una ley que establece la forma en que debe ser utilizado el dinero público en el combate a la pandemia de coronavirus.
Pese al veto, el presidente Bolsonaro se mostró favorable a la no tributación de los templos de cualquier religión y la víspera llegó a respaldar en sus redes sociales que el Congreso derribe su propia decisión, dando a entender que se vio forzado a firmarlo.
Ello porque el Gobierno reconoció que la sanción del mismo podría suponer un eventual “crimen de responsabilidad”, uno de los delitos contemplados en la Constitución que justifica la apertura de un juicio político con miras a la destitución y que en 2016 apartó del poder a la entonces presidenta Dilma Rousseff.
El veto también había sido aconsejado por los técnicos del Ministerio de Economía, que un documento presentado la semana pasada resaltaron que si bien las iglesias están exentas de impuestos a sus actividades religiosas, las deudas corresponden a tributos de otra naturaleza, cuyo pago está contemplado en la legislación.
El análisis fue ratificado por el titular de la cartera, Paulo Guededes, un ministro liberal de la Escuela de Chicago que tiene la misión de reducir a mínimos el tamaño del Estado y reequilibrar las maltrechas cuentas públicas del país.
En las últimas semanas, debido a la crisis económica generada por la pandemia de coronavirus, Guedes se ha enfrentado a otros sectores del Gobierno que presionaban por aumentar los gastos públicos en el proyecto de presupuesto de 2021, remitido al Parlamento hace diez días.
Uno de los alegatos de Guedes para contener aún más el gasto es que la parálisis de las actividades económicas causada por la crisis sanitaria ha derrumbado la recaudación fiscal, lo que generará este año un déficit histórico en el sector público que se proyectará aún en las cuentas del año próximo.
