El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, negó ayer cualquier caso de corrupción en su Gobierno, tras la divulgación de un sondeo que muestra que, por primera vez, más de la mitad de la población es favorable de que el Congreso le abra un juicio político con fines destituyentes.
De acuerdo con la firma Datafolha, el 54% de los brasileños es favorable a que el líder ultraderechista sea sometido a un juicio político, que lo pueda llevar a su destitución en el Congreso por los diferentes crímenes de responsabilidad que se le atribuyen, frente al 42% que rechaza esta posibilidad.
Esta es la primera vez que el apoyo al juicio es mayoritario entre los brasileños, según Datafolha, que entrevistó a 2.074 personas en todo el país entre el 7 y el 8 de julio para una encuesta con un margen de error de dos puntos porcentuales.
En mayo, en una encuesta similar, los favorables al juicio político constituían el 49% y los contrarios, el 46%.
El apoyo al juicio creció luego de que la Comisión Parlamentaria de Investigación –instalada en el Senado para verificar las supuestas omisiones y fallas en la gestión del Gobierno frente a la pandemia del Covid-19– descubriera supuestas corruptelas y desvíos en la compra de vacunas contra el coronavirus.
En las últimas semanas han sido ventiladas denuncias de altos funcionarios exigiendo coimas para aprobar contratos de compra de vacunas y de negociaciones nebulosas, con intermediarios sospechosos, en torno a estas adquisiciones.
GOBIERNO ANTERIOR. Uno de los testigos –interrogado por la Comisión Parlamentaria–, el diputado Luis Miranda, reveló que descubrió una de tales corruptelas y se la comunicó al jefe de Estado, quien prometió adoptar medidas para impedir la irregularidad, lo que finalmente no hizo. Por tal omisión, la Corte Suprema autorizó a la Fiscalía a abrirle una investigación al mandatario por peculado, lo que salpicó la imagen del líder ultraderechista, que venció las elecciones de 2018 con la promesa de combatir la corrupción y con duros ataques a los desvíos descubiertos en las administraciones de Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff.
“Van dos años y medio sin corrupción. Quieren imputarme ahora un crimen de corrupción, pese a que no fue comprada ni una dosis de esas vacunas”, afirmó ayer el jefe de Estado en declaraciones que concedió a seguidores en la ciudad de Porto Alegre.
De acuerdo con el mandatario, los contratos sospechosos fueron suspendidos por los organismos fiscalizadores, debido a que nosotros tenemos un filtro, tenemos control, lo que impidió la compra de vacunas en los negocios investigados.
Sobre la denuncia de que no le pidió a la Policía investigar las corruptelas tras haber sido alertado de estas por el diputado Miranda, Bolsonaro afirmó que no puede tomar medidas preventivas a partir de todas las informaciones que recibe.
Tras inicialmente haber negado la reunión con Miranda y haber dicho que el diputado aprovechó una audiencia para conversar sobre varios asuntos, afirmó que se reúne con unas 100 personas al mes y que no puede atenderlos a todos. “Se trata de una historia fantasiosa que solo sirve para que tres senadores se promuevan políticamente”, expresó.
De acuerdo con la firma Datafolha, el 54% de los brasileños es favorable a que el presidente sea sometido a un juicio político en el Congreso, que pueda llevarlo a su salida del Gobierno.