En un fallo de última instancia, la máxima corte declaró “infundado” el recurso de casación que interpuso la ex gobernante, de 56 años, frente a una sentencia de 2022.
De esa forma, “se mantiene incólume la sanción de 10 años de privación de libertad por el caso denominado Golpe de Estado II”, confirmó en un comunicado la Procuraduría, que actúa como abogado del Estado boliviano.
Áñez está detenida de manera preventiva en una cárcel de La Paz desde 2021, a la espera de varios procesos y juicios relacionados con la crisis de 2019, durante protestas en las que murieron una treintena de personas, en su mayoría a causa de la represión de las fuerzas públicas.
De acuerdo con las acusaciones, la entonces segunda vicepresidenta del Senado violó las leyes de sucesión presidencial y terminó ejerciendo el poder de manera ilegal, lo que su defensa niega tajantemente.
Áñez reemplazó al entonces presidente Morales, quien dimitió en noviembre de 2019 en medio de masivas y violentas protestas por un supuesto fraude en las elecciones de ese año.
El líder izquierdista indígena (2006-2019), que siempre ha rechazado esas acusaciones, las cuales atribuyó a una conspiración de la derecha boliviana, buscaba la reelección para un cuarto mandato consecutivo hasta 2025.
Áñez ocupó la presidencia por un año después de que los llamados a suceder a Morales renunciaron uno tras otro, siguiendo los pasos del ex mandatario. AFP
