El Banco Mundial (BM) dio a conocer recientemente el informe denominado “Consolidar la recuperación: Aprovechando las oportunidades del crecimiento verde”, en el cual analiza los indicadores de las economías de la región, incluyendo los de Paraguay.
El reporte refiere que entre 2020 y 2021 los países de América Latina y el Caribe se consagraron a un esfuerzo “sin precedentes” en términos de estímulo fiscal con el fin de mitigar los efectos de la pandemia por el Covid-19 sobre la actividad económica.
Tras esto, los espacios fiscales se redujeron, lo cual obligó a los países a adoptar políticas de consolidación fiscal. En esa línea, el organismo resalta la necesidad de avanzar hacia una deuda más sostenible e insta a realizar esfuerzos con énfasis en la priorización de un gasto eficiente.
“La magnitud del malgasto público en la región ofrece un modo natural de realizar ajustes fiscales de forma racional y socialmente amigable”, sostiene el documento. En el caso de Paraguay, se estima que a través de deficiencias en las contrataciones públicas, políticas de recursos humanos ineficientes y transferencias mal diseñadas, existe una pérdida que representa casi 4% del producto interno bruto (PIB), es decir, alrededor de USD 1.600 millones. Este monto representa más del 10% del Presupuesto 2022.
César Barreto, ex ministro de Hacienda, aseveró que la “ineficiencia, ineficacia e inequidad” del gasto público en nuestro país es muy elevada y que cada vez causa mayor reticencia de los contribuyentes y de la ciudadanía en general hacia el pago de impuestos al Estado, lo cual es una dificultad enorme para seguir avanzando hacia mayores umbrales de desarrollo.
Indicó que la mejora del gasto público requiere “cambios estructurales en las reglas del juego” que impactan en la asignación de los recursos públicos. Al respecto, consideró necesaria una nueva ley de la función pública que incorpore la obligatoriedad de concursos públicos para contratar funcionarios y otros aspectos, junto a una nueva ley de compras públicas que sea rigurosa en la evaluación de proveedores para evitar las empresas de maletín y castigue el tráfico de influencias, los conflictos de intereses y la corrupción.
Abogó por una ley de inversión pública que obligue a una rigurosa evaluación de proyectos de inversión para priorizar aquellos de mayores beneficios sociales.
