Editorial

Blanqueo a medicamentos mau pone en riesgo a la salud pública

La tibia sanción otorgada por el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, a la empresa Imedic, en el caso de los medicamentos oncológicos mau o ingresados ilegalmente al país, favorece a la impunidad y pone en riesgo a la salud pública. Al resultar apenas cancelado el registro de los fármacos, pero quedar en el aire el cierre temporal que se había dispuesto con antelación, la cuestionada firma del llamado clan Ferreira, también vinculada al intento de estafa con la compra de equipos e insumos médicos traídos desde China para la lucha contra la pandemia de Covid-19, aparece de este modo protegida por autoridades del Gobierno, reafirmando las sospechas de fuertes nexos con el entorno del poder. Otra lamentable oportunidad perdida de demostrar firmeza en la lucha contra la corrupción.

Una vez más, el ministro de Salud, Julio Mazzoleni y el propio presidente de la República, Mario Abdo Benítez, han perdido una valiosa oportunidad de demostrar que realmente están dispuestos a combatir decididamente la corrupción, más allá de los reiterados discursos al respecto, como el famoso “caiga quien caiga”, que a esta altura de los hechos ya resultan huecos y vacíos.

La decisión del ministro Mazzoleni, de blanquear a la firma Insumos Médicos SA (Imedic) en el marco del sumario ante el hallazgo de medicamentos oncológicos ingresados ilegalmente al país, al apenas cancelar el registro sanitario de al menos cinco de esos fármacos que eran comercializados por la empresa perteneciente al llamado clan Ferreira, dejando al aire el cierre temporal que se había dispuesto con antelación, es una acción que a todas luces favorece a la impunidad y pone en riesgo a la salud pública, en un delicado momento como el que vivimos por la crisis por el Covid.

En el artículo segundo de la Resolución N° 818, el ministro ordenó a el retiro del mercado y la disposición final de todos los productos señalados. Al respecto, la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) había alertado, en su momento, que la consumición de dichos fármacos es considerada un riesgo para la salud; existiendo igualmente indicios de falta de seguridad en los demás productos poniendo en duda su calidad y su eficacia.

De este modo, queda en el aire el “cierre temporal” de Imedic que había sido dispuesta por el mismo ministro de Salud. Con relación a la empresa Imedic, así como su gemela Eurotec SA –la otra firma del clan Ferreira–, pesa solo una sanción impuesta por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y que es la imposibilidad por 30 meses de proveer al Estado, aunque este castigo tiene que ver con el otro caso en que ambas empresas también aparecen envueltas, que es el intento de estafa con la compra de equipos e insumos médicos traídos desde China para la lucha contra la pandemia de Covid-19.

Cabe recordar que, en mayo pasado, la Dinavisa verificó las instalaciones de la Farmacia Interna del Hospital Geriátrico del Instituto de Previsión Social (IPS) y comprobó que en el lugar había almacenadas unidades de algunos de los fármacos indicados y uno de los lotes estaba “registrado en la ventana única del importador (UVI) de la Dirección Nacional de Aduanas”.

Según el Ministerio Público, nueve de 10 facturas incautadas de la Dinavisa eran falsas. La Fiscalía imputó a Patricia Ferreira, presidenta de Imedic; Nidia Godoy, directora de esa firma; y Néstor Ramírez, despachante de Aduanas, por asociación criminal, uso de documentos falsos y comercialización de medicamentos no autorizados. Se investiga si Imedic adulteró o no las facturas de la empresa brasileña Eurofarma para importar insumos médicos de India y China.

Ante la tibia sanción por parte de Salud, las empresas del clan Ferreira aparecen protegidas por autoridades del Gobierno, reafirmando las sospechas de fuertes nexos con el entorno del poder. Otra lamentable oportunidad perdida de demostrar firmeza en la lucha contra la corrupción.

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