Política

Bienes de Cucho podrían beneficiar al Estado, anuncia titular de Senabico

Karina Gómez, titular de Senabico, explicó que en caso de ser condenado el presunto jefe narco, se deben llevar a remate la lujosa vivienda, los vehículos de alta gama y los otros bienes incautados.

La Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), cuya titular es la ministra Karina Gómez, es la institución paraguaya encargada de administrar los patrimonios de origen ilícito en el país. Con el Operativo Berilo, que permitió la detención del presunto líder narcotraficante Reinaldo Javier Cabaña, alias Cucho, la Senabico está a la expectativa de administrar millonarias pertenencias y recursos que, en caso de una condena, podrían pasar a ser aprovechados por el Estado para obras sociales.

Gómez explica que instituciones como la Senabico surgen de una tendencia internacional, posterior al auge del narcotráfico en los años 80 y 90, cuando aparecen carteles famosos como el de Pablo Escobar.

“En Honduras, por ejemplo, con el dinero recuperado hicieron una villa de niños, en la cual empezaron a hacer programas para niños con adicciones, donde quedan internados hasta que se desintoxiquen totalmente, y también hicieron una escuela donde tenían la posibilidad de estudiar, se les enseñaba oficios, era un programa espectacular. Son iniciativas que se pueden imitar, el techo es demasiado alto. Lo que se puede hacer con el dinero recuperado es enorme”, explica la ministra.

Expresa que el trabajo de la Fiscalía a veces es exagerado, porque “no puede aprehenderle a la persona, incautar la droga, imputar y otra vez ocuparse de quién se encarga de los bienes. Al fiscal hay que darle la libertad absoluta de que él utilice todos sus recursos y esfuerzo en investigar, no en administrar. Acá no hay contraposición ni interferencia en las funciones de otros. La Senabico nace como una herramienta del Poder Judicial y de la estructura jurídica. El fiscal investiga, el juez juzga y la Senabico administra”, precisa.

Caso Cucho. En el procedimiento contra Cucho fueron incautados 12 vehículos lujosos, además de una motocicleta, armas de fuego, aparatos celulares, 21.835 kilogramos de cocaína y aproximadamente USD 800.000 en billetes de diferente denominación. El operativo también dio como resultado la imputación de 30 personas y la incautación de una mansión con playa privada. La investigación continúa e incluso alcanzó a un integrante del Congreso, el diputado colorado Ulises Quintana (afín al movimiento del presidente Mario Abdo Benítez), quien tuvo que ser despojado de sus fueros y está con orden de detención.

Gómez explica que el Ministerio Público determinará qué bienes pasarán a la Senabico y aclara que hasta la fecha el organismo a su cargo todavía no administra las posesiones de Cucho. Añade que los fiscales siguen trabajando en la causa y terminando su propio inventario. “Estamos respetando el trabajo del Ministerio Público. Ellos saben que estamos al llamado”, dice la ministra.

La funcionaria señala que los bienes solamente pasan al Estado luego de una sentencia judicial. “Al estar (alguien) condenado, ahí se dispone el comiso del bien, porque se probó en juicio que ese bien tenía un origen ilícito”.

Gómez detalla que los bienes comisados se tienen que llevar a remate, pero hasta ahora la Senabico no pudo hacer ninguna venta porque sigue en proceso de adaptación a las leyes.

“La institución todavía no cumple un año. La ley se promulgó en setiembre del año pasado, yo asumí el 12 de octubre del año pasado, y en ese momento la Senabico no existía, no tenía presupuesto, funcionarios, nada”, comenta.

EXIGENCIA LEGAL. La alta funcionaria describe también que lo incautado no se puede llevar a remate sin cumplir con una excepción legal que establece la venta anticipada, cuando el bien es difícil de mantener, su administración es dificultosa o de oneroso mantenimiento.

“Un ejemplo, nos otorgan la administración de los bienes de Cucho, el seguro del Lamborghini nos va a desbolsillar, hay que guardarlo en un lugar adecuado, nuestras calles no son tan aptas para un Lamborghini, tiene un costo de mantenimiento y traslado demasiado elevado. Todo eso tengo que argumentarlo técnicamente y hacer un dictamen, y decirle al juez: ‘Señor, si usted me autoriza yo voy a vender esto’. Y es mucho más garantista, porque se le corre traslado al propietario, él ahí puede incluso estimar un precio para la venta en una subasta. Es decirle al propietario: ‘La verdad que a vos te conviene monetizar esto’, porque el dinero se guarda en una cuenta que sigue siendo, mientras esté incautado, del imputado. Eso, al estar en el banco, genera intereses, inclusive se puede meter en un CDA (certificado de depósito de ahorros), y si el acusado el día de mañana logra salir sobreseído no es que se le devuelve solamente la plata, se le devuelven también los intereses que generó su dinero”, comenta Gómez.

En el caso de la condena el dinero pasa al Estado automáticamente. Según la ley, el 50% del dinero producto del remate o del comiso debe ser destinado a financiar programas sociales, relacionados específicamente con rehabilitación de drogadictos, reinserción social y de prevención de hechos punibles. El otro 50% se divide en dos: el 25% entre el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Secretaría Nacional Antidrogas, o la Policía Nacional, según quien haya hecho el procedimiento; y el otro 25% es para la Senabico, destinado a la administración y conservación de los bienes.

Gómez recuerda que antes de Senabico no había ninguna institución encargada de los bienes comisados. “Se guardaban en los depósitos del Ministerio Público en el caso de que sean bienes muebles, y los bienes inmuebles se cerraban. El valor de muchos se perdía”, lamenta.

G. 500 MILLONES. Gómez explicó que también se comisa dinero y reveló que la semana pasada la Senabico cobró los primeros G. 500 millones que fueron recuperados para el Estado. “Automáticamente G. 250 millones están prácticamente disponibles para financiar alguna obra social. Como no está reglamentado nomás todavía no podemos financiarla. Para ello se tiene que formar un comité interinstitucional compuesto por representantes del Ministerio del Interior, la Fiscalía, el Poder Judicial, la Senabico y la Senad”, explica Gómez.

Agrega que buscan reglamentar el usufructo de los recursos de una manera transparente y sostenible.

“Por ejemplo, si el Centro Nacional de Adicciones necesita un segundo piso y que se compren más equis cuestiones, para que eso funcione y que el tratamiento que brinda ya no sea solamente ambulatorio, sino que tenga capacidad de internación de al menos diez personas, supongamos que necesitamos G. 100 o 200 millones, vamos a dividir eso en tres etapas y vamos entregando según vayan cumpliendo el proceso, que eso se pueda auditar y chequear, y sobre todo que el proyecto sea sostenible porque el miedo que tenemos es que los beneficiados queden sin recursos para continuar con el proyecto”, sentencia Gómez.

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