Si existe algo en claro es que la política gubernamental ha fracasado en su objetivo de brindar un servicio de transporte público eficiente, eficaz y de calidad. El reciente decreto firmado por el presidente Mario Abdo Benítez, que autoriza al pago de subsidios al sector por dos meses más, en el medio de un ataque del sector transportista a la ciudadanía con sus reguladas, constituye una doble afrenta.
¿Cómo es posible que se siga premiando con subsidios a quienes chantajean al Gobierno con medidas que conducen a la enfermedad y la muerte en medio de una pandemia?
Desde hace más de una década, las encuestas y estudios señalan que dos de las mayores preocupaciones de la población de Asunción y alrededores son la movilidad y el transporte público.
Las redes sociales en internet dan cuenta permanentemente de las denuncias ciudadanas sobre el pésimo servicio prestado a pesar del histórico apoyo estatal dado al sector.
Las quejas de usuarios son constantes con respecto al cumplimiento de horarios y reglas como la cantidad de usuarios en los vehículos y el estado de los mismos.
A eso se agrega la falta del cumplimiento de las normas laborales en el sector. Varios informes de los organismos fiscalizadores y las persistentes quejas de choferes dan cuenta de que las normas mínimas como el salario mínimo o la cobertura de seguridad social son incumplidas.
A pesar de que las autoridades del Ministerio de Hacienda en forma persistente informan sobre la implementación de presupuestos por resultados y han manifestado su apoyo a la necesidad de aumentar la eficiencia del gasto público y a la creación de una instancia de evaluación que garantice transparencia y objetividad, no se observan avances en esta materia y menos aún en el ámbito del transporte público.
Tantos privilegios al sector en un contexto de gran opacidad en la política pública, aun con el gran perjuicio al ciudadano común y corriente, da pie a la hipótesis del clientelismo político y del rol de los transportistas en el financiamiento de campañas electorales, tanto en efectivo como en transporte el día de las elecciones.
Esta hipótesis no es descabellada. Muchos ya habrán olvidado los vínculos históricos entre el partido oficialista y el sector, lo que facilitó subsidios a combustibles y créditos en el Banco Nacional de Fomento cuyo incumplimiento generó graves problemas a la entidad bancaria. Es decir, la relación es antigua, lo que fue cambiando es la modalidad de privilegios otorgados.
Llama la atención que a lo largo de los años cada vez más instituciones públicas tienen alguna competencia o función en el diseño y la implementación de la política de transporte público sin que se mejore el servicio. Y lo que es más grave es que se incorpore a representantes de los mismos sectores en las comisiones que se crean, lo cual significa un claro problema de conflicto de interés, que perjudica a los usuarios.
Es urgente un cambio estructural de la política que maneja el transporte público, de manera que el bien común y el beneficio al ciudadano estén en primer lugar.