La Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador solicitó el pasado 22 de abril formalmente la extradición de Correa, condenado en 2020 a ocho años de cárcel por cohecho y prófugo de la Justicia en Bélgica.
En cambio, Bélgica había reconocido a Correa como refugiado político el 15 de marzo “debido a los juicios políticos de los que es víctima en Ecuador”, explicó en un comunicado la firma de abogados Ius Cogens, que precisó que esa decisión es firme desde el 15 de abril.
Según dijo, Bélgica ha reconocido que los procesos penales abiertos en su contra fueron “manifiestamente contrarios al derecho a un juicio justo”, y el Ministerio de Justicia ha confirmado ahora “no solo que no dará seguimiento a la solicitud de extradición” de Ecuador, sino que Bélgica “también se negará a cooperar con la justicia ecuatoriana en el marco de procesos políticos”.
Los juristas que asisten a Correa explicaron además que Interpol se negó a través de la Comisión de Control de Expedientes a emitir las notificaciones rojas solicitadas por Ecuador.
Y afirmó que el relator especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados de las Naciones Unidas, Diego García Sayán, ha denunciado en diversas ocasiones “las graves violaciones de la garantía de la independencia del poder judicial y el carácter injusto” del denominado “caso Sobornos” que afecta a Rafael Correa y otras 20 personas.
Correa, quien gobernó de 2007 a 2017 como uno de los referentes de la izquierda latinoamericana, reside tras el fin de su mandato en Bélgica y sobre él pesa en Ecuador una condena de ocho años de cárcel e inhabilitación política en relación con ese caso.
Se trató de una trama de corrupción en la que se recibieron aportes en el palacio presidencial para la financiación irregular del movimiento oficialista Alianza País, a cambio de la adjudicación de millonarios contratos del Estado a diversas empresas, entre ellas la brasileña Odebrecht. EFE