“No creo que yo sea una persona de tanta relevancia como para que concite la atención de este partido político si no es porque en 1998 ordené la detención del dictador Augusto Pinochet en Londres”, dijo el exmagistrado de la Audiencia Nacional español en una rueda de prensa en la sede de la Fundación Salvador Allende, en Santiago.
Garzón se encuentra en Chile para participar en un foro organizado por el Partido Socialista (PS) y la visita no fue bien recibida por la Unión Demócrata Independiente (UDI), el principal partido de la oposición conservadora, en el que militan antiguos funcionarios y simpatizantes del régimen militar que encabezó Pinochet (1973-1990).
La UDI solicitó al Ministerio del Interior que prohibiera al juez ingresar al país, pues considera que su presencia en Chile “constituye una transgresión a las normas legales vigentes” debido a que Garzón fue condenado en 2012 a 11 años de inhabilitación y expulsado de la carrera judicial.
Garzón vinculó la molestia en la UDI con la detención de Pinochet en Londres en 1988, un caso que junto a la persecución de represores argentinos le dio reconocimiento internacional.
El exjuez recordó que el arresto del dictador, que falleció en 2006 sin haber sido juzgado en Chile, dio paso a investigaciones por alzamiento de bienes y blanqueo de capitales que permitieron la incautación de 27 millones de dólares en el Banco Riggs, en EE.UU..
“Siempre va a haber personas que por las decisiones que se toman en lo judicial u otros ámbitos de la vida, no les caiga bien”, declaró el exmagistrado.
Garzón destacó que después de su intervención en el caso de Pinochet hubo jueces chilenos que buscaron justicia, una sociedad civil fuerte y colectivos de víctimas que “siguieron peleando”.
“Gracias a ellos se ha obtenido una respuesta desde la justicia y la sociedad que contribuye a la verdad, la justicia, la reparación y sobre todo a las garantías de no repetición”, sostuvo.
El exjuez reiteró que, en su opinión, los presos con enfermedades terminales deberían poder se excarcelados para evitar que mueran en prisión, un tema de actualidad en Chile por los indultos que antiguos agentes de la dictadura condenados por crímenes de lesa humanidad han solicitado al gobierno.
Garzón subrayó que cada caso debería analizarse detenidamente antes de tomar cualquier decisión y puntualizó que esto significa un cambio en su postura de “defensa a ultranza de las víctimas”.
