Se trata del proyecto de ley “Que modifica los artículos 10, 11, 13, 34, 50 y 62 de la Ley N° 1562/2000 - Orgánica del Ministerio Público”. Surgió a raíz de la problemática que fue visible luego del atentado contra la vida del fiscal Marcelo Pecci, asesinado a tiros en la isla Barú de Cartagena, Colombia. El objetivo es resguardar la seguridad de los agentes y de sus familiares.
Recientemente, el Poder Ejecutivo promulgó la ley que establece el 10 de mayo de cada año como el Día del Agente Fiscal Paraguayo, que también fue en homenaje a Pecci.
La ley de protección a fiscales ya cuenta con media sanción en el Senado. Fue muy dilatada en Diputados y en pocos días tendrá sanción ficta, por lo que fue incluida en el orden del día.
Algunas comisiones recomendaron modificaciones al proyecto.
“La protección de todos los fiscales que por alguna investigación o causa asignada, corran riesgo, o peligro de vida, o de integridad física, de modo que puedan solicitar su ingreso al programa de protección señalado en el artículo 10, y mantengan en conocimiento al fiscal general del Estado, de sus actividades oficiales o extraoficiales, con la finalidad de que este disponga la seguridad y protección de ellos, dentro y fuera del territorio nacional”, expresa el dictamen de la Comisión de Justicia, liderada por Raúl Latorre, de Honor Colorado.
Por el asesinato de Pecci hay cinco personas condenadas que se sometieron a un proceso de delación premiada, mientras uno de ellos se negó a reconocer los cargos. Se trata de Francisco Luis Correa Galeano, quien es sindicado como el encargado de planear el crimen del fiscal.
Es el único enjuiciado de los acusados debido a que no aceptó los cargos e intentará demostrar su inocencia durante el proceso judicial que puede durar varios años.
Correa se expone a una pena máxima de 50 años por homicidio agravado y otros cargos imputados por la Fiscalía. Su audiencia fue suspendida para noviembre.
Luego de la muerte de Pecci, también fue impulsado un aumento presupuestario por parte del Ministerio público para fortalecer las unidades fiscales.
La semana pasada la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, pidió ante la Comisión Bicameral de Presupuesto una nueva ampliación presupuestaria para el 2023, 33% por encima del presupuesto del presente periodo.